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Aunque este pesimismo tiene cierto fundamento, yo creo que muchas cosas sí están cambiando en nuestro país. Una de ellas es el creciente clamor por conductas más éticas, a todo nivel. En el mundo de lo público-privado, esta tendencia se observa en gremios empresariales que adoptan un código de ética, medios de comunicación que implementan un defensor del lector, cámaras de comercio que gestionan premios a los buenos empleadores, etc. Un asunto pendiente, en el que el debate recién comienza, es el del financiamiento político, en el que necesitamos nuevas reglas de juego, que sean aceptables por la sociedad.

En EE.UU., el 87% de las empresas más representativas (S&P500) ha publicado vía web sus aportes políticos. Asimismo, muchas compañías vienen involucrando a sus accionistas en conocer y decidir acerca de las donaciones políticas, han colocado límites voluntarios a sus propios gastos políticos, y han adoptado políticas específicas para decidir sus donaciones.

En Brasil, las empresas extranjeras están prohibidas de contribuir directamente a los partidos y campañas, aunque pueden hacerlo vía subsidiarias. Esta regla también se aplica en Argentina, junto con la prohibición de que las empresas estatales realicen donaciones políticas, como ocurre en Perú. En Argentina se encuentran restringidas las donaciones de empresas que tienen firmados grandes contratos con el Estado, como las extractivas.

Hay una serie de matices que valdría la pena debatir en el Perú, sea para promover su adopción voluntaria o, eventualmente, nuevas regulaciones. En lo que no coincido es en la propuesta de Moisés Naím, que sugiere un financiamiento 100% público. Creo que esto solo traería mayor informalidad y desincentivaría que las empresas adopten voluntariamente políticas específicas de donaciones (transparentes), como ocurre en EE.UU. El país está cambiando, y el espacio público-privado también.