El nuevo marco regulatorio para la cooperación que reciben las ONG y el destino de esos fondos se confirmó el miércoles último en el Congreso. Y en buena hora. Como ha señalado en reiteradas oportunidades Perú21, estos dineros han ido a parar también —y en no pocas oportunidades— a campañas ideologizadas.
Un buen ejemplo de ello lo constituyen aquellas que se orquestan contra la minería formal o contra empresas que llevan desarrollo a pueblos en los que el Estado tiene débil o nula presencia, como en los territorios de la Amazonía.
Al mismo tiempo, es sabido que buena parte de estas organizaciones guardan silencio, en cambio, sobre la depredación del ecosistema producto de la minería ilegal o de los avances y relocalizaciones del narcotráfico. El baremo que orienta sus actividades no parece ser el mismo en todos los casos. De ahí la necesidad de transparencia y seguimiento de sus finanzas y operaciones.
La norma que aprobó —por amplia mayoría— modificar la Ley 27692 y crear la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) anuncia que se fortalecerá la fiscalización de los recursos recibidos por las entidades de la cooperación técnica internacional. Es decir, según reza la disposición, la APCI tendrá como tarea ejecutar, organizar, programar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público o privado.
Sin embargo, la bancada de Renovación Popular fue un poco más lejos y está impulsando una moción que busca crear una comisión investigadora para examinar el rol de la agencia de cooperación estadounidense USAID desde 2019 hasta la fecha, ante presuntas interferencias en la política nacional. Y si bien el pedido se enfoca exclusivamente en las transferencias —se habla de más de dos millones de dólares— de dicho fondo, legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Bloque Magisterial han manifestado asimismo su interés en ampliar el alcance de la investigación para incluir a todas las ONG que hayan intervenido en la política nacional.
Estamos, pues, en el umbral de una nueva realidad para estas organizaciones, que hasta hoy se movían por el Perú sin que nadie las controlara, pese a que muchas de ellas realizaban abiertamente un trabajo en contra de los intereses del país. Nada mejor que la transparencia para poner las cosas en su sitio.