Con la formalización de las recientes inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, más las organizaciones políticas que se encuentran en las postrimerías del proceso de inscripción, es razonable suponer que tendremos —al menos— 40 partidos políticos habilitados para participar en las elecciones presidenciales y congresales de 2026.
Esta situación, sin precedentes en la historia de nuestra democracia, conlleva no solo inconvenientes operativos, sino que trae en ciernes graves peligros para la estabilidad democrática y viabilidad política del Gobierno que emerja tras el proceso electoral.
Cuarenta opciones para presidente, con sus respectivas listas parlamentarias para el Senado y diputados, hace virtualmente imposible que los ciudadanos puedan evaluar y sopesar las distintas opciones y, por lo tanto, emitir un voto informado.
Por otro lado, el escrutinio de la prensa y del elector sobre los antecedentes y credenciales de miles de candidatos congresales hará que lleguen, nuevamente, personajes indeseables que lograrán pasar inadvertidos, asolapados, en la multitud de candidaturas.
La reforma electoral produjo una ley que, si bien fue aprobada en referéndum, era muy mala desde su origen por lo excesivamente reglamentarista, engorrosa, llena de cuotas y prelaciones forzosas, que empoderaba más al burócrata que a los partidos mismos y, sobre todo, que a la voluntad del elector.
Modificaciones son urgentes para reducir la atomización de la oferta electoral y para fomentar alianzas electorales, y no penalizarlas —como ocurre actualmente—. Hoy, si dos partidos se quieren unir, la valla electoral sube de 5% a 6%, y así sucesivamente, conforme se suman más partidos. Se debe hacer lo contrario: si dos partidos se unen, la valla debe ser cada vez menor hasta lograr desaparecerla.
Así, por un tema de incentivos, la dispersión de la oferta electoral se podría reducir de 40 candidaturas a 6 u 8. Otra modificación importante es permitir a partidos que apoyan una misma candidatura presentar listas parlamentarias por separado. A mayor número de partidos que conforman una alianza electoral, será más difícil que se pongan de acuerdo en conformar una lista única para diputados y senadores, lo que entorpece la posibilidad de llegar a alianzas electorales basadas en acuerdos programáticos de gobierno.
No actuar e ir a las elecciones con la dispersión actual solo favorece a las opciones más extremas, para las que contar con un voto duro de 8% o 9% podría serles suficiente para estar en una segunda vuelta, forzando nuevamente un balotaje entre los extremos.
Evitar esta situación promoviendo el acuerdo entre fuerzas afines, a través de alinear correctamente los incentivos, daría la posibilidad de contar con un Gobierno de base más ancha, de mayor legitimidad electoral, para devolverle así al Perú la estabilidad política perdida hace muchos años.
