Game Over

La Comisión Permanente está bordeando un peligroso abismo. En lugar de auscultar y debatir los tres decretos de urgencia que ha emitido el Gobierno, el viernes último la mayoría de sus integrantes decidió emprender un camino que no es el establecido por la Constitución. Harán consultas legales externas para validar una pretensión basada en una interpretación antojadiza del interregno; reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que no puede instalarse ninguna comisión pues el Congreso está disuelto. Aquel fue el grupo congresal recordado infelizmente por haber blindado de gruesas investigaciones al fiscal supremo Pedro Chávarry.

Tal es el modo de negación en que persisten algunos de los disueltos, que buscan un atajo a través de abogados —varios, quizá, de los consultados por la señora Bartra para archivar el adelanto de elecciones— para emprender acusaciones a diestra y siniestra. A tales disueltos, o la otrora mayoría parlamentaria y sus aliados, el poder se les ha esfumado de las manos y lo han sentido al perder dos batallas trascendentales tras el cierre. El anuncio de la fiscal de la Nación, empoderando a Pablo Sánchez en la investigación a los Cuellos Blancos, es una derrota que pretenderían contener reviviendo a la Subcomisión; además del portazo que el TC le dio a Gonzalo Ortiz de Zevallos en su frustrada carrera por ser magistrado.

Al mal paso darle prisa, reza el dicho, y la Comisión Permanente podría estar anticipándose a un escenario desfavorable para la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea. A su primo le fue mal en el Tribunal, y es probable que una proporción similar de votos —algunos sugieren que perdería por 4 a 3— le niegue al presidente de la Comisión Permanente volver las cosas a como eran antes del 30 de setiembre. Game over.