¿Gobernados por quién?

El 20 de febrero pasado debió entrar en vigencia el cobro del peaje de la concesión del tramo II de la IIRSA Centro, instalado en Ticlio. Sin embargo, la semana pasada, el MTC decidió dejarlo en suspenso. Ello porque un grupo de transportistas amenazó con protestar. Hace tres días, la amenaza se convirtió en realidad, pese a la suspensión: los dueños y choferes de camiones y buses interprovinciales de La Oroya y de Junín convocaron a un paro para exigir la anulación definitiva del peaje. Y es que la violencia en el Perú ha sido legitimada por el Estado como mecanismo de negociación.

El Perú enfrenta el desgaste del contrato social. Ello se ve reflejado en la alta conflictividad social existente: Durante el gobierno de Humala hubo 90 personas fallecidas y 2,367 heridas en conflictos sociales.

Si bien el número de fallecidos ha caído durante el gobierno de Kuczynski, esto no es porque haya una mejor estrategia, sino porque el Gobierno ha decidido ceder ante cualquier reclamo.

Existe una tensión permanente entre distintos intereses y el Perú no ha logrado encontrar mecanismos inclusivos que permitan que todos los sectores participen en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

La falta de acuerdos hace que la sociedad regrese a la situación previa a la del contrato social: la violencia para sobrevivir.

Los partidos no han logrado representar efectivamente los intereses de los sectores sociales.

Si estos no son adecuadamente canalizados, se pone en riesgo la gobernabilidad del país.

El Perú necesita construir mecanismos que permitan que los distintos intereses puedan participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Otro problema es la falta de legitimidad de las empresas vinculadas a las grandes concesiones y de los funcionarios de gobierno.

¿Cómo logramos que la ciudadanía confíe en ellos luego de Lava Jato?

¿Qué inversión privada podemos captar para lograr cerrar la gran brecha de infraestructura que existe si el Estado peruano es incapaz de respetar los contratos que suscribe?

¿Cómo logramos reducir los altos costos de transacción si el Estado no tiene la capacidad económica y técnica para financiar obras de infraestructura?

De acuerdo con la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, el objetivo del MTC es que se anule definitivamente el peaje y se establezca una compensación para la concesionaria Deviandes. Y ello en la medida en que la compensación no sale del bolsillo de los funcionarios del MTC.