Bajo la lupa

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes ocurridas en el marco de la violencia desatada entre diciembre y marzo se hizo público en las últimas horas. Según la comisión, habría habido “graves violaciones de derechos humanos”.

Como siempre ocurre con este tipo de investigaciones, el documento arroja observaciones diversas y, algunas de ellas, demasiado sesgadas.

El Gobierno ha rechazado los términos de “ejecuciones extrajudiciales” y “masacre” que utiliza la Comisión Interamericana.  La posición oficial del Perú es que el informe no se ajusta a la verdad en ese aspecto. Sin embargo, se ha comprometido a estudiar en detalle el documento para evaluar si pone en marcha sus recomendaciones. Ciertamente un punto a destacar, pues reafirma ante los organismos internacionales el hecho de que estamos en una democracia.

Y, en efecto, más allá de las imprecisiones que se han detectado –como enumerar solamente lo que llevaban los manifestantes al aeropuerto de Juliaca, sin calificar esa maniobra, que todos vimos como un acto de vandalismo premeditado, ya que se buscaba tomar por la fuerza esas instalaciones– los comisionados reconocen que en el Perú se vive en democracia y que el 7 de diciembre el golpista Pedro Castillo intentó subvertirla, quebrando el Estado de derecho.

Con lo cual el informe le da un rotundo mentís a las falsedades que algunos mandatarios izquierdistas como AMLO, en México, o Gustavo Petro, en Colombia, cacarean irresponsablemente en foros internacionales, sobre la supuesta ilegalidad del gobierno de Dina Boluarte.

La CIDH ha registrado, entonces, posibles excesos en los que habrían incurrido las fuerzas de seguridad durante las asonadas en el sur como lo hicieron algunos medios nacionales y extranjeros. El problema es que, lamentablemente, olvidó valorar el contexto en que se produjeron esos hechos de sangre, donde –en los casos más notorios– la tropa se encontraba en total inferioridad de condiciones ante el empuje y la enorme superioridad numérica de una turba enardecida y dispuesta a todo.

Los comisionados hacen su trabajo y, sin duda, si hubo excesos o desatinos estos deben sancionarse. En una democracia no se puede tolerar una política de Estado que deje impunes eventuales abusos o crímenes de sus fuerzas de seguridad. Si no, dejaría de ser una democracia. Pero tampoco se puede obviar la realidad y el contexto.