[Opinión] Milagros Campos: ¿Y lo servicios del Estado para cuándo?

“No se puede normalizar la precarización de los servicios estatales. No se trata de un problema de ausencia de leyes o de disposiciones legales. Es un problema de gestión”.

Milagros Campos

Fecha Actualización

21/03/2022 - 07:18

Ver a una señora con discapacidad ir acompañada a cobrar su pensión, caminando con andador hacia la ventanilla que le corresponde, la más distante de la puerta.

Escuchar las historias de personas que deben revalidar el brevete, las citan para tres a cinco meses después de concluir el trámite, cuando no tienen alguna anécdota sobre propuestas irregulares para agilizar el trámite.

Experiencias similares para conseguir citas y lograr obtener un pasaporte. Parecen lejanos los tiempos en que se recibía en pocas horas. Todos estos casos involucran el ejercicio de derechos fundamentales que se ven afectados por la administración estatal. El problema es que algunos de los servicios descritos, si bien no constituían islas de eficiencia, venían funcionando muy bien.

¿Tiene relación el decaimiento de estos servicios con algún problema o es parte de los cuestionados nombramientos y cambios de funcionarios con experiencia? No lo sabemos, porque no hemos conocido de comunicados propios de la transparencia y accountability de la buena administración pública. Como si no hubiéramos tenido suficiente al ver al desnudo la calidad de los servicios de salud, durante los momentos más fatídicos de la pandemia, o, las graves diferencias entre los niños que regresan a clases por las condiciones de la infraestructura de las escuelas, o la demanda nacional de seguridad ciudadana, el ciudadano debe lidiar con trámites sin resultados oportunos.

No se puede normalizar la precarización de los servicios estatales. No se trata de un problema de ausencia de leyes o de disposiciones legales. Es un problema de gestión. Un Estado ineficiente, que no brinda servicios básicos, se deslegitima y se afecta con ello la satisfacción de los ciudadanos con democracia. El Tribunal Constitucional ha establecido que “el correcto funcionamiento de la Administración Pública constituye un bien de índole constitucional”.

Asimismo, precisa que los actos en los que los funcionarios públicos quebranten el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones “atentan también contra las bases mismas del Estado” (Exp.00020-2014-AI).

En este contexto, pensar en la reforma del Estado y de trabajar consensos respecto de dar prioridad a políticas públicas, puede resultar una utopía, pero es lo que plantea el Acuerdo Nacional.

Tal vez se puede empezar por focalizar objetivos de manera concreta en alguno de estos servicios. Disclaimer: No he tenido que pasar por ninguno de esos trámites personalmente.

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