La noticia de que Argentina acaba de comprar 24 aviones de guerra, caza F-16 —usados, pero con mucha vida y energía por delante— a 301 millones de dólares, una cifra acorde con la realidad económica de un país con alto índice de pobreza, como el nuestro, acrecienta las sospechas y los cuestionamientos alrededor de la adquisición que el gobierno de Boluarte pretende de la misma cantidad de aeronaves, pero valuadas en 3,500 millones de dólares.
Si el objetivo es cuidar nuestras fronteras y disuadir una eventual aspiración invasiva, una flota de aviones americanos, de segunda mano, como los que acaba de comprar Argentina, sería igual de eficiente. La señora Boluarte ya debería saber que un Casio le marca la hora igual que un Rolex.
Perú21 no está en contra de que se modernicen los recursos con que las Fuerzas Armadas deben cautelar la soberanía y la integridad de nuestro país. De hecho, estamos convencidos de que es importante, imprescindible no empobrecer nuestra capacidad militar.
Que nuestra Fuerza Aérea –así como nuestro Ejército y nuestra Marina de Guerra– cuente con un equipamiento moderno para poder defender el territorio patrio es, por cierto, el disuasivo más eficaz ante cualquier aventura belicista.
Lo que nosotros rechazamos, con energía, es una dudosa operación de compra que asciende a 3,500 millones de dólares — y que implica, no nos engañemos, una jugosa comisión— en una coyuntura en la que el Perú tiene, marcadamente, otras prioridades. El retroceso en los indicadores de pobreza pospandemia no se ha revertido y la criminalidad está asolando a los peruanos tanto en el campo como en las ciudades, entre otras cosas porque la Policía Nacional no cuenta con las herramientas ni la tecnología necesarias para combatir el crimen.
La segunda razón, pero no menos definitiva, es que esta compra no la puede ejecutar un gobierno tan deslegitimado como el de Boluarte, cuyo respaldo social se acerca al margen de error en todas las encuestas realizadas recientemente a la opinión pública. Un gobierno que, por cierto, a la incompetencia suma una serie de denuncias por corrupción.
El 30 de octubre el Congreso interpelará al ministro de Defensa por este tema, entre tanto, él mismo pidió, ridículamente, que se declare “traidores a la patria” a los periodistas y expertos que se han opuesto con argumentos sólidos a tan desorbitado desembolso, y su entorno ha llegado al extremo de convocar, sino a contratar, a sicarios de las redes sociales para que nos calumnien y ataquen. Al mejor estilo de los traficantes de armas.
Que quede claro que para nosotros, la campaña mediática en redes sociales contra nuestro diario, por haber objetado la compra más que dudosa de 24 aviones de guerra y dos de transporte por una suma sideral, ha sido orquestada desde el sector político del Ministerio de Defensa y no desde el estamento estrictamente militar. Así nos lo han hecho saber nuestras Fuentes de inteligencia militar, en las que, sin duda, confiamos.