Contra viento y marea, en la Comisión de Constitución, aprueban con 15 votos a favor la ley que les permite hacer campaña política para la reelección de estos impresentables con recursos del Estado; dizque para curarse en salud han puesto una precisión en la redacción de la norma para que se les limite realizar proselitismo político en periodos de sesiones de comisiones y del Pleno del Congreso. Pero como ya se sabe, hecha la ley, hecha la trampa; esa redacción es un saludo a la bandera porque nos muestra una vez más la criollada de utilizar el Parlamento, su cargo de congresista y sus gastos de representación para hacer campaña.
Solo fueron cuatro los votos que se opusieron a esta ignominia, porque para sacarle la vuelta a la ley son los primeros. Su ridiculez y mezquindad se muestran en este tipo de normas direccionadas, sabiendo que tienen el repudio de la población, pero ni les importa; por eso hasta se han juntado congresistas de todos los colores políticos, impulsados por el fujimorismo, para aprobar este tipo de leyes degradantes de la majestad del Congreso.
Lo paradójico para evitar el escándalo es que solo asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución tres parlamentarios; el resto participó en la votación de manera virtual, porque para estos vagos que siguen con la supuesta virtualidad, lo que importa es que se apruebe cualquier mamarracho legal y tienen todavía la osadía de supuestamente cuidar su imagen y no se les relacione con esta votación infame.
La retórica de Rospigliosi como presidente de la comisión es que el cargo de congresista es uno de privilegios y no se puede comparar con cualquier funcionario público; exige que tenga que haber una deferencia especial, según el otrora rabioso militante de izquierda revolucionaria y ahora converso fujimorista, representante de lo más rancio de la ultraderecha cavernaria del Perú. No existe para este inefable personaje el principio de neutralidad e independencia que requiere un proceso electoral democrático; quieren inclinar la cancha a la mala, ahora pretendiendo financiarse la campaña con recursos públicos y aprovechando el poder inmenso que tienen como congresistas.
Esta ley es inconstitucional y contraviene todas las normas referentes a la fiscalización electoral y el control que hacen el JNE y la ONPE, para evitar cualquier uso irregular de recursos del Estado en campañas proselitistas. De ética menos podemos hablar con estos congresistas impresentables.