Tres meses después del primer comunicado de Petroperú dirigido al Ejecutivo, único accionista de la empresa, sus directores han reiterado el pedido de una pronta respuesta a sus planteamientos.
En esta oportunidad, ponen énfasis, además, en que la subsistencia se hace insostenible si no se toman acciones concretas, y que si hasta de fin de mes el Gobierno no se pronuncia, en palabras del presidente Oliver Stark, el directorio renunciaría en bloque.
Lo llamativo del comunicado es que por primera vez ponen oficialmente sobre la mesa, como una de las opciones, la posibilidad de aceptar la “quiebra y/o liquidación” de la compañía.
En realidad, es una papa caliente que en este momento está, como se dice, en cancha del Gobierno. Y debe estar tan caliente que no la quieren ni tocar, porque han transcurrido más de 24 horas desde el último comunicado y hasta el momento la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado. En la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, sí hubo una referencia al tema, pero sin anunciar alguna medida concreta.
No es necesario ser un arúspice para haber avizorado una debacle tan clamorosa de la petrolera estatal, cuyas obligaciones legales y financieras son ya inmanejables.
Como han dicho los directores en su comunicado, si la postura del Ejecutivo es todavía una reestructuración profunda, esta tendría que asegurar “la atracción de capital privado para fortalecer su transformación. Esta opción, por supuesto, enfrenta riesgos institucionales que, eventualmente, pueden terminar interrumpiendo o revirtiendo este plan, por lo que debería estar acompañada de un fuerte marco legal que refuerce las acciones futuras”.
Según ellos, se ha llegado a esta situación límite debido, entre otras razones, a una histórica injerencia política y sindical que ha distorsionado el manejo eficiente, transparente y de buen gobierno corporativo. Pero lo cierto es que se trata de una tragedia administrativa históricamente frecuente cuando el Estado pretende hacer de empresario.
Hace muchos años que la petrolera arrastra pérdidas mayúsculas sin que estas puedan ser, ya no revertidas, sino apenas reducidas, lo que la convierte prácticamente en una empresa zombie que devora con rapidez cualquier inyección financiera o intento de salvataje.
Es hora de tomar decisiones para frenar el millonario desvío de dinero de todos los peruanos a ese monstruo en que se convirtió Petroperú y su nueva refinería de Talara, que ya lleva costando 6,500 millones de dólares.
No se puede seguir tapando el sol con un dedo. La presidenta debe pronunciarse ya mismo.
