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Incoherencia laboral
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El Estado se ha encargado de promocionar la “formalidad” laboral como un objetivo deseable que todo ciudadano debe tratar de alcanzar; y de satanizar la “informalidad” como si esta fuera un espacio ocupado por delincuentes en potencia. Esta posición brilla por su incoherencia.
Si la indeseable informalidad laboral actualmente es del 78% y 8 de cada 10 jóvenes se ven obligados a aceptar empleos informales (MTPE), es gracias a la incapacidad del mismo Estado de implementar una reforma plausible en el mercado laboral. ¿En qué se debería centrar dicha reforma?
Si bien en la última medición del Reporte de Competitividad (WEF) nos ubicamos en la posición 51/144 en el pilar “eficiencia del mercado laboral”, dos subcomponentes de dicho pilar muestran puntos críticos que deben ser abordados en una eventual reforma: los sobrecostos laborales (104/144) y las prácticas para contratar y despedir (130/144).
Por un lado, cualquier emprendedor que decida llevar a cabo algún proyecto en el Perú y requiera para ello contar con la ayuda de trabajadores tendrá que asumir un sobrecosto de hasta 60% por concepto de gratificaciones, vacaciones, seguro de salud, CTS y asignación familiar. Dicho sobrecosto está entre los más altos de la región, por encima de Colombia (54%), México (36%) y Chile (32%), según Iedep.
Por otro lado, gracias a la sentencia STC-1124-2001-AA del Tribunal Constitucional, los trabajadores que hayan sido despedidos arbitrariamente pueden elegir entre (i) recibir una indemnización o (ii) solicitar su reposición laboral, impidiendo así que los empleadores decidan con quiénes quieren trabajar. Esto generó que la contratación temporal pase desde menos del 30% a finales de los noventa a casi 75% en 2015 (El Comercio – IPE).
En este contexto, haría bien el Estado –Ejecutivo y Legislativo de la mano– en dejar su incoherencia y discurso vacío de lado e implementar de una buena vez la tan urgente reforma laboral.
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