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Informales, ilegales y dinamiteros
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El recuerdo aún fresco de los violentos atentados –que no son otra cosa que actos terroristas, muy al estilo del senderismo de los años ochenta– contra la minera Poderosa, en Pataz, ha cobrado nueva actualidad con dos hechos que no dejan de llamar la atención.
Primero, que el Gobierno y las autoridades policiales y judiciales sigan sin explicar cómo van las investigaciones sobre los responsables de los asesinatos y el derribo de torres de alta tensión. Y, segundo, la convocatoria a un paro de mineros no formalizados, membrete bajo el cual se suelen camuflar aquellos que son abiertamente ilegales, asociados por lo general con bandas de delincuentes equipados incluso, como se ha visto, con armamento militar.
Todo ello corrobora la percepción, compartida por la mayoría de los analistas y expertos en el tema, de que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un fracaso rotundo, cuya solución real no pasa por remiendos legales, concesivos. El Ejecutivo ha hecho bien, por eso, al poner como plazo el mes de marzo próximo como límite para acogerse al registro.
El propio presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, ha dicho con claridad en Perú21 que, pese a haberse creado con el propósito de promover la formalización, el Reinfo se ha convertido en una vía para permitir “temporalmente” las actividades informales, muchas de las cuales han derivado en prácticas ilegales.
Es cierto que debe separarse la pequeña y mediana minería artesanal de las malas prácticas de grupos que operan en distintas zonas atentando contra áreas protegidas, sin respeto por ninguna legislación laboral, fiscal y mucho menos por la vida humana, como es el caso de la minería ilegal. Sin embargo, el Gobierno no da hasta ahora con la tecla para poder formalizar a quienes sí estarían dispuestos a trabajar sus yacimientos sin violar la ley.
Considerando el contexto de violencia criminal que actualmente envuelve esta actividad –lo de Pataz ha sido una clarinada de alerta– las autoridades deberían abocarse no solo a enfrentar la protesta nacional del 11 y de 12 de marzo, que de hecho afectará también a la minería legal y de la que el extremismo podría sacar partido, sino a buscar una salida sólida, sostenible en el tiempo, para un entrampamiento que le está causando un grave daño al país.
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