La inseguridad ciudadana es hoy nuestro más grave problema. Los poderes del Estado no solo han perdido la batalla contra el crimen organizado, sino que han sido penetrados e instrumentalizados por este. Si en los años 80 el narcotráfico compraba jueces, fiscales y policías, hoy otras economías criminales —encabezadas por la minería ilegal— han seguido su ejemplo y tomado su lugar, alcanzando representación partidaria, parlamentaria, y hasta… ¡cuota farandulera y futbolística! Mientras los mineros formales cuidan el ambiente y tributan, creando riqueza y empleo, los ilegales depredan y evaden impuestos amparándose en un registro de formalización (Reinfo) que solo ha servido para enriquecerlos obscenamente, promoviendo de paso el sicariato, la extorsión y el tráfico humano, sembrando muerte, corrupción y miseria ahí donde no existe el Estado. Algo similar ocurre con el tráfico de terrenos, la pesca y la tala ilegal en todas las regiones de nuestro bendecido y abundante país.
Al mismo tiempo, en nuestras ciudades, entre asaltos a viviendas y robos de autos y celulares, vemos que transportistas, comerciantes y virtualmente cualquier profesional o empresario, han quedado a merced de mafias que les cobran cupos por dejarlos vivir para hacer su trabajo. O pagas o te matan. La violencia y el terror están a la vuelta de la esquina, como ni siquiera Sendero Luminoso se habría atrevido a soñar. Al igual que la subversión de los 80, el crimen organizado ha tomado el campo y la ciudad, pero, a diferencia de esta, no se contenta con el poder político, sino que aspira a capturar nuestra economía y la base productiva de esta, dinamitando el modo de vida y el esfuerzo de millones de peruanos de bien.
Acabar con esta pesadilla requiere de una Policía Nacional, un Ministerio Público y un Poder Judicial que no tenemos, es decir limpios, eficientes e incorruptibles. Y de un Poder Ejecutivo inteligente y estratégico, no uno que cambie ministros del Interior y decrete estados de emergencia como si fuera un nuevo deporte, incapaz siquiera de capturar a su prófugo y exaliado más notable. ¿Y el Congreso? Puede ser válido preguntarse si necesitamos el nuevo tipo penal de “terrorismo urbano”, pero hoy ese debate resulta tan bizantino como el de terrorismo vs. “conflicto armado interno”, pues de nada sirven leyes más duras cuando no hay quien las aplique. Peor aún, viniendo de un Congreso que le ha entregado la Comisión de Justicia al cerronismo para cometer estropicios y favorecer a su líder, como la Ley de Crimen Organizado. Por eso, es hora de que los partidos y bancadas se alejen de la permisividad y la complicidad, y le declaren la guerra frontal a las economías ilegales.
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