Luchar contra la delincuencia requiere indefectiblemente que la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, que depende del Ministerio de Justicia, estén dispuestos a coordinar. La voluntad de coordinar no es condición suficiente, pero sí indispensable.
Aumentar las penas no sirve de nada porque el problema es la impunidad, es decir la bajísima probabilidad de que el delincuente sea capturado, juzgado, condenado y cumpla la pena completa. Las penas no son bajas, pero solo se aplican en muy pocos casos, lo que transmite a los delincuentes que tienen probabilidad de salirse con la suya. Es la eficacia conjunta de todas estas instituciones la que se necesita mejorar.
Frente al crimen organizado, los fiscales y jueces requieren protección porque no hay que ser adivino para anticipar que van a recibir amenazas e intentos de soborno. Se ha conocido varios casos que han sido materia de escándalo, y por regla de tres simple, es probable que eso sea solo la punta del iceberg.
Las economías ilegales y la delincuencia vienen en combo. La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera, vienen con sicarios que, como negocio complementario, extorsionan o sirven a extorsionadores.
Si los líderes de estas entidades públicas no transmiten hacia sus instituciones un mandato claro y terco de coordinar en la lucha contra el crimen, no pasa nada. Y eso no es tener un cuarto de guerra ni reuniones diarias para la foto, es acordar lineamientos claros y hacer la chamba agotadora de hacer que el Estado se mueva. La cultura organizacional del Estado peruano en general es sumamente vertical. Si el de arriba no lidera el esfuerzo conjunto, no ocurre. Conseguir que dos ministerios coordinen ya es difícil, y ambos son parte del Poder Ejecutivo, con un primer ministro que tiene el mandato de supervisar que coordinen. Que lo hagan entidades que responden a distintos poderes es un reto categoría examen de Hogwarts.
El nuevo ministro del Interior se ha apresurado, como su antecesor, a augurar resultados en pocos meses. Con algo más de prudencia, no ha ofrecido su renuncia si ello no ocurre. Es bien difícil que eso se pueda materializar.
La presidenta Boluarte teme a las investigaciones que la Fiscalía ha abierto, y que vienen acumulando pruebas relevantes, que en algún momento y dependiendo del contexto político podrían gatillar una vacancia. La fiscal de la Nación, con inexplicable torpeza, ha iniciado investigaciones contra Fuerza Popular y País para Todos sin justificación, y ya estaba en la mira del Congreso y el Ejecutivo por las investigaciones que viene realizando. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen limitaciones de presupuesto, así como la PNP, además de falta grave de equipamiento. Y la eficacia es la que conocemos: en 10 meses el exministro Santiváñez ni siquiera pudo comprar chalecos antibalas.
¿Ese nudo gordiano de tensiones permite la coordinación que requiere atacar el problema? El Tribunal Constitucional tiene pendiente determinar hasta qué punto se puede investigar a un presidente durante su mandato. Es posible que eso frene algunas investigaciones, pero lo único que hace es posponerlo a agosto de 2026, no necesariamente va a cambiar las prioridades de la presidenta y su entorno. El Congreso quiere reformar el Ministerio Público y Poder Judicial, pero este Congreso, con tanto congresista investigado, no garantiza nada bueno. Existe también una investigación sobre un presunto soborno a un miembro del Tribunal Constitucional.
Hasta ahora predominan las propuestas efectistas que no solucionan nada. Cómo serán de poco serias que el Congreso privilegió la Semana de Representación sobre el Pleno sobre seguridad ciudadana, como hizo notar Martín Hidalgo hace algunos días.
Lo más probable es que la inseguridad continúe creciendo, y la población acumule miedo y hartazgo durante la campaña electoral. Aproximadamente 40 partidos se disputarán la visibilidad como opositores a un gobierno y Congreso deslegitimados. Y el Gobierno, hasta ahora, es adicto al error en gestos, medidas y declaraciones. Está por verse si es que adelantar la convocatoria a elecciones le va a servir de algo a la presidenta.
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