Recientemente, se publicó el Proyecto de Resolución SBS N.o 3602-224, que modifica las reglas de gestión y conducta del mercado respecto al seguro de desgravamen, teniendo como motivo proteger los intereses del público, en el ámbito del sistema financiero y seguros, en la oferta de contratación de productos y servicios. En virtud de ello, solo sería obligatorio el seguro de desgravamen para el crédito hipotecario, por tratarse de una operación de largo plazo y montos altos de deuda.
La perspectiva planteada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) refleja cierta opacidad para valorar el contexto de un país con grandes brechas en inclusión financiera y maremágnum asolado por la voracidad criminal del ‘gota a gota’ y el “sistema financiero” paralelo (casas de préstamo y empeño). En dicha medida, el Instituto Peruano de Economía (IPE) acaba de publicar un informe en el que señala que más de 210,000 familias toman crédito del ‘gota agota’, habiéndose incrementado el último año de 22% a 35% el número de hogares que recurrieron a esta modalidad que mueve S/1,700 millones. Ese es un dato alarmante y, si le sumamos el dinero introducido al mercado por las llamadas casas de préstamos y empeño, igualmente extorsivas y usureras, estamos hablando de S/4,000 millones.
La SBS y los expertos coinciden en que uno de los gatilladores para el dimensionamiento de la criminalidad descrita es la Ley 31443, “Ley que protege contra la usura de los intermediarios financieros”, que a despecho del sentido nombre que la inspira, es un vehículo de exclusión financiera y castigo para los sectores vulnerables. Por supuesto, la norma no se concibió con propósito perverso; sin embargo, desnuda la falta de sentido de la realidad, balance costo-beneficio y evidencia empírica.
En un país como el nuestro, con 80% de informalidad, con un tejido empresarial compuesto por 95% de mypes, que subyacen en la base de la pirámide, el proyecto resulta contraproducente para la profundización del crédito formal. Es sabido que el sector de la economía real (la que es, la que existe), y que muchos no quieren ver, mayormente no cuenta con historial crediticio y menos con garantía que respalde un crédito en caso de fallecimiento y grave invalidez.
Es necesario separar la paja del trigo, a los bancos no les afecta. Las microfinancieras son las que atienden al segmento de los invisibles y no podrán asumir esos mayores riesgos; en consecuencia, desalentará el crédito y muchedumbres seguirán cayendo en las garras del crimen.
