Nuestro país podría describirse como un Estado fallido, por la incapacidad de sus gobernantes de garantizar el funcionamiento normal de la administración general, estabilizar la economía, proveer el acceso universal de calidad de los servicios básicos a su población y controlar la criminalidad o terrorismo.
Hoy los peruanos vivimos literalmente secuestrados por la criminalidad; la violencia nos respira en la nuca, hemos retornado a ‘los años ochenta’ con diferentes actores. Hemos pasado de las hordas genocidas de SL y MRTA a las sanguinarias del narcoterrorismo, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato, entre otros delitos.
Las luctuosas actividades descritas son conexas y enmarañan a la sociedad como una telaraña urdida bajo el feroz manto de la impunidad, con la agravante de que está penetrando en las instituciones como un cuasi cáncer haciendo metástasis con policías al lado del mal, incluso como cabecillas de las bandas criminales, que tienen en algunos casos como protagonistas a efectivos de mediana y alta graduación. Esta misma semana, el ministro del Interior removió a todo el personal de la jurisdicción policial de la provincia de Sullana por sospecha de vínculos con la delincuencia.
Convivimos con jueces y fiscales que ponen en libertad a prontuariados delincuentes, normas como la Ley 32108, que modifica la tipicidad del crimen organizado; la prórroga del Reinfo (registro de mineros informales), patente de corso de la minería criminal. Sin embargo, hoy se habla desde el Minem de una nueva alternativa —proyecto de ordenamiento, regulación y adecuación de la pequeña minería— que no es más que un salvoconducto a la explotación ilegal de minerales. Siendo así las cosas, ¡salvase quien pueda!
Nos remitimos a las cifras que desnudan la escalofriante realidad. La corrupción de corsé y corbata le roba al país entre S/20,000 millones y S/40,000 millones; la minería ilegal mueve US$6,000 millones al año; y el narcotráfico, US$ 4,800 millones.
En el contexto descrito, la percepción de inseguridad nacional ha subido entre mayo y junio de este año de 85.9% a 86.1%. A julio, se han registrado 10,617 denuncias por extorsión (información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana); los choferes y pasajeros libran una lucha contra la muerte en vehículos de transporte público, ya que la estadística es de un ataque cada 24 horas, hasta los mototaxistas pagan cupo diario para poder trabajar; miles de emprendimientos han salido del mercado por la extorsión, etcétera.
Lo irónico y delirante es que estamos secuestrados por la inacción del propio Estado.
