Juan Pueblo vs. los DD.HH.

Ricardo Vásquez Kunze,Desayuno con diamantesEl miércoles 2 de julio se difundió la noticia. El ministro del Interior más popular del régimen de Ollanta Humala, por lo menos ese es el termómetro que se percibe en las calles, estaba envuelto en una investigación fiscal. Ad portas de dictaminar, el Ministerio Público debía pronunciarse en los próximos días a favor o en contra de abrir la puerta a un juicio oral contra Daniel Urresti.

El cargo: "violación de derechos humanos". Las inevitables comillas son porque ese crimen solo existe para los titulares periodísticos y las declaraciones altisonantes de un lobby de militantes ideologizados. La víctima, el periodista y colega de la revista Caretas, Hugo Bustíos, asesinado en 1988. Veintiséis años después, procesados y sentenciados todos los culpables, resulta un investigado de última hora. La hora, sin embargo, coincide con la hora pública del exalto comisionado contra la minería ilegal y hoy ministro del Interior, Daniel Urresti. También a última hora nos venimos a enterar de que Urresti no era otro que… ¡el "capitán Arturo"!

No había siquiera hablado el ministro ese mismo miércoles cuando ya los políticos pedían su renuncia o destitución inmediata. Nunca, sin embargo, habría podido encontrar el ministro mejores aliados. Porque que un político pida tan tajante su renuncia, sin esperar explicaciones, queda en la retina de la opinión pública como un vulgar oportunismo. Es decir, para la gente de a pie, la denuncia se deslegitimó ese mismo día. Y con ella todos aquellos que por cálculo propio se colgaron de la primicia de los organismos de DD.HH. Así, resultaba realmente insólito, por no decir estrafalario, que fujimoristas y apristas se unieran a ese coro con el único fin de hacerle la vida a cuadros a Ollanta Humala.

Mala jugada sin ninguna duda. Porque esta vez no es con Ollanta Humala con el que se están metiendo. Es con la seguridad del pueblo. En la política, la realidad son las percepciones. Y aquí hay cuatro realidades a tener en cuenta. La primera es que la gente está harta de la inseguridad pública: ese es el principal problema de su agenda. La segunda es que la gente está harta de los políticos: si pudieran, votarían por su expectoración inmediata. La tercera es que el general Urresti está haciendo en dos semanas como ministro del Interior lo que los políticos no han hecho en años: que la gente empiece a sentirse más segura. Y, cuarto, que las ONG de DD.HH. no tienen otra cosa mejor que hacer que perseguir militares para sentarlos en el banquillo, con el cucurucho de "violador sistemático de derechos humanos".

Si todo esto es cierto o falso, poco importa. Lo políticamente relevante es que eso es lo que percibe el pueblo. Y quitarle a la gente la esperanza o expectativa de seguridad que percibe en Urresti es un pésimo negocio político para cualquiera. Por el contrario, para el gobierno apoyar a Urresti es el negocio soñado.

El punto de si el presidente debió nombrarlo o no sabiendo que estaba siendo investigado es intrascendente a estas alturas porque es un debate inútil. No así el del presidente creyendo en la inocencia de su ministro. Leo que algunos se rasgan las vestiduras por ello. Que el presidente está "dictando justicia" espuria. Pero los mismos que dicen eso ya han juzgado y condenado a Urresti por el tono de sus declaraciones. Son los que menos legitimidad tienen para pedirle imparcialidad a Humala. Es obvio que el presidente no puede ser ni política ni moralmente imparcial para haberlo nombrado ministro. ¡Claro que debe haberlo juzgado! Por eso lo cree inocente. Está en todo su derecho. Después de todo… ¡la misma patraña se la hicieron a él!

Así las cosas, no es el ministro el que está en el banquillo hoy. Si la "justicia emana del pueblo", son los políticos y los DD.HH. los que están en juicio.