Se habla mucho sobre el potencial del Internet para transformar nuestras vidas, pero en el Perú esa promesa sigue estando fuera del alcance de muchos. Aunque en ciertas ciudades podemos disfrutar de una buena conexión, la realidad es muy diferente en el resto del país. La brecha digital que nos divide es un desafío que, si no lo enfrentamos con urgencia, seguirá afectando el futuro de miles.
Hasta ahora, la conectividad ha estado principalmente en manos de empresas que, aunque han logrado avances, tienden a concentrarse en zonas con mayor densidad poblacional que les asegura la rentabilidad. El Internet es un servicio público, y debe de ser gestionado con un enfoque que priorice la equidad y el acceso universal, más allá de las consideraciones de mercado.
El Estado no solo debería regular las telecomunicaciones, sino también involucrarse en la gestión y expansión de la infraestructura digital, hasta que todas las regiones tengan acceso a Internet de calidad. Este enfoque público no implicaría desplazar a las empresas, sino que buscaría una colaboración estratégica para garantizar la conectividad para todos.
Si seguimos dependiendo únicamente del mercado para cerrar la brecha digital, es posible que nunca logremos integrar a todos en la sociedad del conocimiento. La gestión pública de la infraestructura digital, enfocada en el bienestar común, podría ser la clave para superar la barrera.
Es urgente resolver los problemas de la red dorsal y de los proyectos de banda ancha regional. Debemos garantizar una distribución equitativa de la infraestructura digital. No podemos seguir permitiendo que la ubicación geográfica o situación económica sigan determinando quién tiene acceso al futuro.
