Mientras las fuerzas de seguridad enfrentan erráticamente la ola delictiva que azota al país, la vida de millones de peruanos se ve cada vez más afectada, directa o indirectamente, por los hechos de violencia y el clima de amenaza que se viven en las calles.
Es, además, la razón por la cual el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra a punto de enfrentar una censura en el Congreso. Pero lo que algunos se resisten a reconocer es que este crispado contexto distorsiona también las actividades económicas del país.
Cuando las maniobras extorsivas recaen sobre grandes, medianas, pequeñas y microempresas, lo que tenemos es un ambiente hostil para los negocios, que termina golpeando a los 33 millones de peruanos. No es ninguna casualidad que tanto los gremios de empresarios como los de trabajadores hayan salido, más de una vez, a manifestarse en contra de la inseguridad en las principales ciudades de nuestro territorio, exigiendo garantías al Estado para poder trabajar en paz.
Y así lo explicó el jefe del BBVA Research, Hugo Perea, al señalar que el costo de este flagelo era ya equivalente al 3.1% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú. Un daño descomunal, pues se trata de un pernicioso condicionante que impide que nuestra economía acelere su crecimiento. La inseguridad afecta, como es obvio, las decisiones de inversión de las empresas y el consumo de las familias.
El drama se amplifica no solo por la manera en que se ha extendido la extorsión como modalidad criminal y la ferocidad con que estas bandas operan, sino por la influencia que han alcanzado las economías ilegales en las esferas del poder.
De hecho, es cada vez más difusa y tenue la barrera que separa a ciertos partidos políticos de organizaciones abiertamente criminales. Las denuncias de corrupción en el Ejecutivo son reiteradas y en el Congreso se ha visto hasta la saciedad la promoción de disposiciones en favor de la minería ilegal o de normas que dificultan la acción de la justicia en la persecución o detención de investigados por delitos graves, incluyendo los de cuello y corbata. Así, los poderes del Estado se convierten a menudo en paraguas legales que, sin mayor disimulo, terminan protegiendo los intereses de quienes prosperan fuera de la ley.
La incompetencia del Gobierno en este aspecto es vecina de la complicidad. Y el indeseado colofón de esta deplorable realidad es que son los peruanos quienes la están pagando con más desempleo, reducción de oportunidades y menor seguridad para sus familias.