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Juan José Garrido: Tres cortitas

“Un gobierno impopular en medio de una precariedad institucional como la nuestra supone un alto riesgo al sistema democrático”.

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Uno. En entrevista a Perú21, el contralor Nelson Shack sostiene (al igual que su predecesor Edgar Alarcón) que el trabajo de la entidad debe ser concurrente; léase, en paralelo a las obras (en particular, señala la reconstrucción del norte). No solo eso: sostuvo que "el presidente no está liderando la lucha contra la corrupción". Pues bien. No han pasado ni 24 horas y ya en el oficialismo hay voces que critican las observaciones, legítimas por cierto, del nuevo contralor. El congresista Sheput lo ha calificado de "opinólogo" y, con mucha audacia, señala que el funcionario "quiere entrar en el campo de la opinología o ser ministro". ¿Y ahora? Si esta es la manera en que reacciona el oficialismo cada vez que alguien opina o actúa de manera independiente, pues vayamos preparándonos, porque ya sabemos cómo acaban esos gobiernos.
Dos. Y hablando de cómo acaban los gobiernos, este recién cumple un año y la tendencia de la popularidad a la baja debería preocuparlos. En la reciente encuesta de Ipsos, publicada ayer en El Comercio, la aprobación del presidente Kuczynski baja a 29%, el punto más bajo en la serie de dicha encuestadora. ¿En serio no les preocupa? Pareciera que no. El jueves, ante la caída de 4 puntos en la encuesta de Datum, el congresista Sheput (otra vez) sostuvo que este nivel de aprobación le parecía "normal", señalando "algunos enfrentamientos y protestas sociales". ¿Y cómo se están manejando dichos "enfrentamientos y protestas sociales"? ¿No habrá alguna conexión entre –justamente– la gestión y la desaprobación? Y pensar que estas reflexiones provienen del congresista con mayor experiencia en Peruanos por el Kambio.
Tres. Un gobierno impopular en medio de una precariedad institucional como la nuestra supone un alto riesgo al sistema democrático; por otro lado, para realizar las reformas institucionales (tan demandadas, por cierto) se requiere un compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si algún momento para hacer estas reformas (impopulares, como sabemos) es "óptimo", es este: un Ejecutivo interesado en hacerlas y un Legislativo con los músculos para apoyarlas.