En Perú muchas ONG, especialmente aquellas de tendencia ideológica de izquierda, se han convertido en refugio para personajes de la política peruana que no han logrado resultados electorales significativos. Estos actores, incapaces de ganar el respaldo popular en las urnas, han encontrado en las ONG una vía para influir en la política sin someterse al escrutinio de una votación, además de recibir ingresos “no supervisados” que no podrían obtener de otra manera. Son los mismos que apoyaron a Pedro Castillo para llegar al poder.
Es importante destacar que existen ONG de buena reputación, que han sido pilares en la construcción de la democracia y en la implementación de normas internas sobre derechos humanos y ambientales. No obstante, la proliferación de ONG que se dedican a maniobras dudosas, con agendas ocultas que no siempre están alineadas con los intereses nacionales, representa un desafío que debemos enfrentar con firmeza. Estas organizaciones, a menudo utilizando argumentos falaces y medios vedados de influencia en los poderes Ejecutivo y Judicial, además de una presión mediática bien orquestada, están perjudicando la reputación del país como un destino atractivo para la inversión.
Existen varios casos de empresas agroindustriales que han sido objeto de ataques coordinados por estas ONG, las cuales reciben financiamiento extranjero. Alegando proteger el medioambiente y los derechos humanos, estas organizaciones utilizan acusaciones de tráfico de tierras, abuso de derechos humanos, supuestos daños ambientales y pertenencia a organizaciones criminales, que hasta la fecha no han sido comprobadas en los tribunales.
Lo más relevante de estos casos es que se sospecha que no solo se trata de una agenda ideológica, sino que estas organizaciones podrían estar siendo financiadas por actividades ilegales, por competidores extranjeros en los mismos rubros, o por aquellos interesados en los territorios donde se desarrollan las industrias formales que están siendo atacadas. Estas organizaciones son las mismas que promovieron el lema “agro sí, mina no” y que ahora, seguramente, migrarán a “agroindustria no, mina tampoco”.
Sin embargo, lo que sucede en Perú no es un caso aislado. La Unión Europea está desarrollando una legislación que obligará a las ONG, think tanks y otras organizaciones a declarar públicamente cualquier financiamiento proveniente de fuera de la UE. Esta medida, parte del paquete “Defensa de la Democracia”, busca prevenir la interferencia extranjera en las elecciones y la formulación de políticas, tras varios escándalos que involucraron a potencias extranjeras, como el caso Qatargate y las campañas de desinformación rusas. La Comisión Europea ha asegurado que esta ley solo busca transparencia y no pretende criminalizar ni estigmatizar a estas organizaciones.
Es hora de que el Perú establezca marcos regulatorios más estrictos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las ONG. No podemos permitir que la ideología fracasada se camufle, difundiendo con cinismo su mensaje falaz para dañar nuestra soberanía y frenar nuestro desarrollo.
