La venganza de la ONG

Lo más probable es que esta Ley sea una venganza, porque las ONG se atrevieron a denunciar las violaciones de derechos humanos que incluyen los casos de esterilizaciones masivas, que justamente Aguinaga tiene mucho que responder.

Richard Arce

Fecha Actualización

12/06/2024 - 07:07

La nueva Ley 27692, que modifica el sentido de ser de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de imponer censura y control sobre la labor que hacen las ONG en el país, es un despropósito y una agresión directa contra las organizaciones no gubernamentales, constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, que durante décadas están presentes en nuestro país y han dado soporte para atender múltiples necesidades que el Estado ha abandonado.

Bajo el pretexto de exigir un control sobre la labor que realizan las ONG y verificar el financiamiento que reciben de cooperación internacional, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso pretende impulsar esta Ley, que es una censura abierta a la libertad de asociación y hasta de opinión que tienen los ciudadanos que conforman, justamente, una asociación civil, para tener un espacio de representación de sectores tradicionalmente postergados y excluidos.

Habría que recordarle a Aguinaga que hoy el APCI ya cuenta con mecanismos de control y supervisión a las actividades que realizan las ONG y sobre todo fiscalizan los financiamientos que reciben las ONG y que además están obligadas a presentar informes presupuestales y de ejecución de gasto, estados financieros, auditorias anuales, no solo porque lo exige la APCI, sino la entidad cooperante que financia.

Aparte presentan informes narrativos sobre la ejecución de los proyectos y hasta el detalle de las actividades que desarrollan, presentados anualmente a la APCI, para contar con la acreditación de la ONG e inclusive de las ENIEX —Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional—, porque además estas entidades demandan al Estado la exoneración del impuesto a la renta y la devolución del IGV, por la labor social que realizan en beneficio de poblaciones vulnerables.

Habría que explicarle a Aguinaga, que la Sunat es sumamente exigente en el control de los gastos y las actividades que realizan las ONG para que accedan a este beneficio, y son escrupulosos en la revisión de sus documentos; incluso las ONG están sobrerreguladas, que al final es bueno por transparencia, palabra que seguramente el fujimorismo al que representa no conoce.