El Congreso aprobó en segunda instancia la ley que restituye el aporte de privados a las campañas electorales. Una norma que, como dijimos anteriormente en esta columna, nunca debió derogarse, producto del impulso populista de algunos grupos parlamentarios, luego del destape del caso Odebrecht.
Un gesto para la tribuna similar a la prohibición de reelegir autoridades o representantes, entre otras normas del mismo corte, que a la larga han reportado más perjuicios que beneficios al sistema político de nuestro país. Una medida absurda que llevó a que las economías ilegales se infiltraran en los partidos y en las campañas descaradamente.
Actualmente, las personas naturales pueden donar un monto de hasta 120 UIT. La norma aprobada por la Comisión de Constitución eleva el tope a 200 UIT, como máximo, en un año calendario e incluye esta vez la contribución de personas jurídicas nacionales, es decir, empresas. Cada compañía podrá aportar hasta 500 UIT en total al año no importa el número de partidos políticos a los que contribuya.
Con la aprobación final, queda todavía pendiente que el Ejecutivo promulgue la ley lo antes posible, de manera que entre en vigencia para el próximo proceso electoral de 2026.
La clave de la normativa de los aportes económicos de empresas privadas a partidos políticos es la trazabilidad de los fondos. Que los donantes queden registrados y no se pierdan en una peligrosa anonimia, que, como en los últimos meses ha ocurrido, termina reflejándose, por ejemplo, en comportamientos sospechosos entre los representantes elegidos para integrar el Poder Legislativo o Ejecutivo.
La afluencia pecuniaria de las economías ilegales se basa justamente en el secretismo bajo el que operan, y, cómo no, en la manera en que invierten o blanquean sus ilícitas ganancias. De ahí que la transparencia sea indispensable en esta regulación.
Únicamente la transparencia en las finanzas de partidos y candidatos permitirá identificar inequívocamente el origen de los fondos que los sostiene y si los intereses que defienden se ajustan a las leyes vigentes.
Con esta significativa modificación, la ciudadanía, el país, la democracia, salen ganando. Ya era hora.
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