El ataque a la institucionalidad del país es sistemático y viene desde el Congreso, con el control casi absoluto de un grupo de bancadas que representan justamente a partidos políticos, que para el propio Ministerio Público son investigadas como organizaciones criminales enquistadas en el poder; y por ello se han dedicado a petardear al sistema justicia y las herramientas que tenía para perseguir el delito, con leyes como la extinción de dominio o la de limitar las acciones de allanamiento que se hacía para agarrar infraganti a los delincuentes.
Por ello, podemos inferir que nuestro país está a expensas de las mafias en el poder, que lamentablemente ya tienen el control de varias instituciones del Estado, que han sido sometidas a fines subrepticios y nada santos. Basta ver el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo y hasta la Contraloría que ha elegido a un personaje sin mayores méritos que ser el alfil de Alianza para el Progreso, según una denuncia periodística, que mostró cómo fue el lobby para que tenga tan gran responsabilidad.
Cómo puede ser posible que el defensor del Pueblo se dedique ahora a buscar el amparo del Tribunal Constitucional, para que se tumbe la capacidad que tenían los jueces y fiscales para enfrentar al narcotráfico, la extorsión, el crimen organizado y la corrupción; capacidad que además está respaldada por el Convenio de Mérida de 2003, justamente contra la corrupción de funcionarios y que el Perú ha suscrito.
El propio Ejecutivo se dedica a avalar cada una de estas arremetidas, sin tomar en cuenta inclusive los propios informes técnicos de las áreas especializadas, como la del Ministerio de Justicia, que por ejemplo detallaba todo el daño y perjuicio que ocasiona la Ley sobre el crimen organizado, a sabiendas de que inclusive recomendaban su observación porque nos dejaba fuera de la OCDE. No les importó ninguna recomendación, hicieron enmendar la plana a los técnicos para que no se observe la Ley.
La pregunta cae por su propio peso, a quién benefician estos despropósitos, sino es al crimen organizado, a los delincuentes y por supuesto a las economías ilegales. Entonces el silogismo es sencillo de completar, asociando estas decisiones a mafias de la política infiltradas en el poder, que están inclusive gobernando desde el Congreso con el aval de un Ejecutivo genuflexo.
