Lazos de sangre

No hay duda, entre el extremismo político y los ataques a mano armada perpetrados contra la minería formal existe una tremenda relación. La sospecha quedó despejada con el informe del superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa: el funcionario explicó, con documentos en la mano, que hay una vinculación clara entre el fenómeno de la minería ilegal y diversos actos terroristas.

Lo dijo al comentar el ataque registrado hace unos días contra la minera Poderosa en Pataz, que causó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. De hecho, un elemento adicional revelado por Espinosa fue que entre 2010 y 2023 se reportaron más de 1,800 millones de dólares en operaciones sospechosas relacionadas al financiamiento del terrorismo y detectadas por esta institución, las que posiblemente se encuadren en esquemas de lavado de dinero y pago de sobornos, a los que ya se les sigue la pista.

“En el caso de Lima es el centro financiero y económico del Perú, pero en el de otras regiones, creo que tiene que ver con la cercanía a las zonas donde actúan todavía remanentes de la organización Sendero Luminoso”, sostuvo el funcionario.

Lima, Ucayali e Ica son las regiones que han registrado los movimientos de mayor envergadura en cuanto a estas operaciones sospechosas, pero también han tenido lugar en otras zonas del centro del país. Maniobras financieras que se suman a otras actividades, in situ, como la trata de personas, la corrupción de funcionarios, la extorsión, la violencia familiar o callejera y, por supuesto, los asesinatos que el sicariato se encarga de ejecutar.

La magnitud y consistencia de los ataques permiten pensar en actos coordinados por organizaciones criminales, a menudo asistidas por los remanentes de Sendero Luminoso cuando se trata de zonas por donde estas bandas delictivas continúan moviéndose.

Hasta ahora se sabía que las alianzas de estos grupos radicales eran principalmente con el narcotráfico, pero la expansión de la minería ilegal en zonas críticas ha hecho que el negocio minero entre también en el radar del terrorismo.

Los servicios de inteligencia de la PNP deben estar más alertas que nunca, pues el entendimiento entre estas fuerzas destructivas de la seguridad pública y la democracia constituye una amenaza que se debe extirpar cuanto antes y de raíz.