Luego del comunicado oficial sobre la liberación de “un número importante” de presos políticos –tanto venezolanos como extranjeros– en Caracas, se ha podido verificar que en libertad se ha puesto solo a 11 perseguidos políticos: menos del 1% del total de ciudadanos recluidos en las mazmorras chavistas por haberse enfrentado al régimen en determinado momento.
Recordemos que hasta que se difundió el anuncio del Gobierno chavista, las organizaciones de derechos humanos calculaban en más de un millar las personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos 175 militares acusados de conspiración, según informó la ONG venezolana Foro Penal.
Eso, sin contar el acoso a quienes la dictadura percibía como enemigos internos, es decir principalmente miembros de la oposición democrática. De hecho, era sabido que, si bien algunos activistas se habían librado de la cárcel, sus movimientos eran estrechamente vigilados por los servicios de inteligencia. Situación que obligó a no pocos de sus líderes a pasar a la clandestinidad, como ocurrió con María Corina Machado, por ejemplo, quien tuvo que vivir prácticamente una odisea para poder salir de Venezuela e ir a recibir el Premio Nobel de la Paz.
La preocupación de las ONG de derechos humanos es comprensible, pues luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, el cese de las persecuciones y la liberación de presos políticos sería el siguiente paso lógico hacia el restablecimiento paulatino de la democracia en el país del llano. Sin embargo, las señales que vienen tanto de Washington como de Caracas continúan en una nebulosa de declaraciones a menudo contradictorias.
El propio papa León XIV ha pedido que “se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos”, sumándose a la preocupación de la comunidad internacional sobre el tema, en buena cuenta, que el anuncio del chavismo –indudablemente presionado por las circunstancias– se cumpla y se libere plena e inmediatamente a todas las personas detenidas por razones políticas en ese país.