Lo que Chota nos dejó

El debate de Chota nos dejó frases. Me detendré hoy en un enunciado lanzado por el candidato de Perú Libre y en una propuesta audaz emprendida por la candidata de Fuerza Popular.

Empezaré por el que fuera dueño de casa, quien, de pie en el escenario montado en la Plaza de Armas de su pueblo, espetó sin más: “Desde el MEF les han enseñado a nuestros alcaldes y gobernadores a ser corruptos”.

Un recuento publicado ayer en estas páginas confirma que entre 2007 y 2019 el Poder Judicial ha sentenciado por corrupción a 17 gobernadores regionales. Pero la paradoja es que buena parte de ellos son representantes de los movimientos de izquierda que hoy apoyan al mismísimo Pedro Castillo. El más conocido, sin duda, gracias a que su partido político lo lanzó como candidato, es Vladimir Cerrón de Junín, sentenciado por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.

Aunque también cabe destacar a Gregorio Santos, el cajamarquino del MAS sentenciado por colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, actualmente preso con una condena de 19 años; y a Hugo Gonzáles Sayán, el cusqueño de UPP –el partido que usa el etnocacerismo de Antauro Humala– sentenciado por colusión a ocho años de cárcel.

¿Cómo así les enseñó el MEF a robar, delinquir y aprovecharse del Estado a los dirigentes políticos de los partidos que lo lanzaron y lo apoyan? ¿Estaba Castillo intentando deslindar de esa manera? Pobre justificación la que busca responsabilizar a otros.

Desde el otro podio, Keiko Fujimori propuso entregar, en las manos de los ciudadanos que viven en las zonas de influencia minera, el 40% del canon que paga la minería cada año.

En lo económico, la medida es revolucionaria y podría cambiar de manera determinante y positiva el futuro de los pueblos alrededor de las industrias extractivas en el Perú. En lo social, significaría un reconocimiento justo para una población que, teniendo tan buenos recursos, padece pobreza y resulta siendo víctima de autoridades ineficientes cuando no corruptas.

El colombiano y profesor de la Universidad del Rosario Stanislao Maldonado, quien dedicó su tesis doctoral a estudiar los efectos políticos y económicos del canon minero en el Perú, ha escrito en su cuenta de Twitter @smaldonadoz, un hilo que recomiendo leer y en el que, entre otras cosas, dice: “La realidad es que el canon ya funciona como un mecanismo de redistribución directa, aunque muy ineficiente y además corrupta y clientelista. Es común que muchos distritos ricos usen el canon para elefantes blancos o programas de empleo temporal. Municipios de una misma provincia compran maquinarias que luego se rentan entre ellos para sacarle la vuelta a la ley y usar el dinero destinado a la inversión en gasto corriente”.

La mayoría de políticos se opondrá a esta iniciativa. O porque tienen centrada su existencia en la oposición a los proyectos mineros, sin importarles el costo en vidas humanas que arroja la conflictividad que ellos alientan; o porque tienen las uñas bien largas. Haría bien Fujimori exponiendo y debatiendo con detalle esa propuesta.