El Perú tiene mil problemas por resolver. Casi todos requieren de un Estado eficaz, honesto y que cuide el dinero público. Las brechas que hoy no permiten a ciudadanos peruanos acceder a servicios de calidad en infraestructura, seguridad ciudadana, educación, salud y muchos otros campos más, no son posibles de resolver si no tenemos una tecnocracia potente en el Estado.
Por eso es tan importante defender a los peruanos capaces y honestos que han asumido roles en el Estado, no importa si estamos o no de acuerdo con su gestión. Nuestro Estado está permanentemente en riesgo de ser infestado de personas incapaces y deshonestas, de todo tipo y posición. Lo hemos visto con realidad aumentada en diversidad de gobiernos y sectores.
El caso del presidente Toledo es bastante claro, no solo existen las declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman, sino también la compra de inmuebles por su suegra (ojalá se pueda algún día capturar a su evidente cómplice y posible autora intelectual, Eliane Karp, que no tuvo siquiera el decoro de no involucrar a su madre en estos tratos).
Pero parte de lo que incrimina a Toledo, las declaraciones de Jorge Barata, absuelve a los funcionarios Alberto Pascó Font y Sergio Bravo, que según Barata no fueron contactados. Por eso es inadmisible que la Fiscalía se haga la que desconoce ese hecho y no lo use para exculpar a ambos. Hacer justicia es que se condene solo a los culpables. Un inocente preso es una afrenta a la justicia. Por eso existe la presunción de inocencia.
Tanto en este caso como en el de Ricardo Briceño, la Fiscalía juega tramposamente al darse por no enterada de información que consta en el expediente y es usada por la defensa. Hacerse el loco respecto a algo que puede implicar que un inocente purgue cárcel es deshonesto y malintencionado. Será sed de figuración, pero no de justicia. Que se acumulen casos así desacredita a la Fiscalía y también al Poder Judicial, cuyos jueces debieron absolver a los inocentes en la etapa de control de la acusación.
Mención aparte merece la sucesión de acusaciones constitucionales que el Congreso viene discutiendo y aprobando como clara venganza política frente a quienes considera sus enemigos. Eso no es hacer patria, es dispararse a los pies y condenar a futuros gobiernos a no poder atraer al Estado a las personas que necesitamos para poder generar los cambios que el Perú necesita. ¿Quién va a querer ser ministro o alto funcionario del Estado con este tipo de decisiones de la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso?
No importa si el exfuncionario tiene fama de caviar o DBA, si participó en el gobierno X, Y o Z (hemos tenido demasiados en tan poco tiempo), si sus decisiones nos parecen acertadas o no, el tema es más básico: ¿es honesto y competente o no? Si pasa ese filtro, ya estamos en la cúspide de la pirámide de lo que podemos atraer al Estado. Y cualquier gobierno debe necesitar no menos de 500 de esos para poder funcionar apropiadamente: para que los medicamentos se compren cuando se debe, se prevea el dengue, se haga inteligencia policial y estrategias de seguridad ciudadana que no sean un engaña-muchachos, etcétera.
Hay personas muy competentes y probas que tienen en el ADN la disposición de servir en el Estado, no son muchos, hay que cuidarlos como oro. En cambio, hay ejércitos de garrapatas que quieren colgarse del Estado y chupar toda la sangre que puedan. Son esos los que hay que identificar, investigar y procesar.
En ese mil o más problemas, la tecnología puede ayudar mucho a conseguir un Estado más eficaz y honesto. También se puede dar mejores servicios a los ciudadanos con telemedicina o uso de inteligencia artificial. Ya la Corte Superior de Justicia de Lima Norte la está usando para expeditar los procesos judiciales de violencia contra la mujer, por ejemplo. Sí se puede, pero solo si se atrae a gente correcta y competente.
