Los derechos no pasaron a segunda vuelta

El último reporte de la ONPE sobre actas contabilizadas, disponible al escribir estas líneas, parece confirmar el siempre certero conteo rápido de Ipsos. Tendremos una definición entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por sus posiciones respecto a órganos claves de justicia, bien se podría decir que los derechos no pasaron a segunda vuelta.

Una lectura poco atenta del plan de gobierno de Perú Libre puede confundir sobre las intenciones de Pedro Castillo en esta materia. Si bien las promesas sobre derechos abundan, se debe prestar atención a lo que el candidato pretende hacer respecto a dos órganos esenciales para que los derechos se hagan realidad y no queden en meras declaraciones: el Tribunal Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Sobre el primero, el anuncio es intervención o “desactivación” (RPP), mientras que respecto al segundo se buscaría separar al país del mecanismo regional, es decir, la denuncia del Pacto de San José al estilo venezolano (pp. 51-52, 54). El sueño de todo autoritario.

El caso de Keiko Fujimori no es distinto. La animadversión histórica del fujimorismo hacia el SIDH es ya conocida. La autocracia de los 90 buscó retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte para evitar que la toma de Canal 2 y del TC pudieran ser revertidas. El Poder Judicial ya había sido sometido y no era un foro de tutela de derechos. Si bien la candidata es beneficiaria directa de la jurisprudencia SIDH que subió las exigencias para la prisión preventiva, en el pasado habría instruido a su bancada que “salir de la CIDH me parece importantísimo” (IDL-Reporteros, 2018). El plan de un nuevo indulto político a su condenado padre, sin considerar si el caso médico lo justifica, el derecho de las víctimas ni la evaluación de medidas alternativas, pone al fujimorismo nuevamente en ruta de colisión con el SIDH.

Con este sombrío panorama antiderechos, dependerá de la judicatura y, sobre todo, de la ciudadanía defender sus conquistas y que no le quiten al único tribunal internacional al cual puede acudir cuando no encuentra justicia en su país.