La infame Ley 30182 que favorece al crimen organizado tiene que ser derogada ya, porque ha sido la madre del cordero para que hoy estemos viviendo en ascuas, con la delincuencia y la criminalidad organizada haciendo de las suyas. Los índices de criminalidad lo confirman y muestran que los delincuentes están empoderados y están actuando con impunidad: asesinatos, sicariato, extorsión, atentados a la propiedad privada, amedrentamiento y todo con la complacencia de este Congreso de impresentables, que nunca se había atrevido a tanto, es decir, legislar para los delincuentes.
En la última Junta de Portavoces del Parlamento se quiso agendar la propuesta para derogar la infame ley, pero simplemente la mayoría de las bancadas se opuso: el fujicerronismo y el acuñismo unidos a Renovación medieval y Podemos, justamente estas bancadas tienen personajes procesados por la justicia por organización criminal, y son ellos los que se han opuesto a reconsiderar su decisión. Claro está que están legislando para beneficio propio, infringiendo el Reglamento del Congreso que prohíbe cualquier tipo de patrocinio con leyes que buscan favorecer intereses personales.
Si no, fíjense en la cantidad de recursos que han presentado los allegados a Cerrón, Fujimori, Acuña y Luna Gálvez acogiéndose a la dichosa Ley 30182, aprobada por los congresistas de sus bancadas, para que los procesos judiciales cambien de rumbo e inclusive para que se archiven. Toda una infamia y una ignominia al Estado de derecho. Los congresistas son elegidos para representar los intereses de una población determinada, no para defender los intereses de delincuentes y, con ello, arrinconar al sistema de justicia, blindando a los criminales que saldrán orondos a cometer sus fechorías.
Evidentemente, los delincuentes se sienten cómodos. Si los congresistas parecen sus pares y actúan como si fueran una organización criminal; elucubrando podríamos llamarlos “Los malditos de la Plaza Bolívar”, porque aprueban leyes para favorecer economías ilegales y organizaciones criminales, en desmedro de la mayoría de la población. Por eso, estos congresistas impresentables serán juzgados cuando acabe este régimen mediocre de Dina Boluarte, que ha llevado al país al garete.
En este escenario caótico hay que resaltar la respuesta de jueces y fiscales ante la precarización de la justicia, que han invocado al Convenio de Palermo para rechazar la impunidad que buscan los políticos en el poder con una ley hecha a la medida de “Los malditos de la Plaza Bolívar”.