Los medicamentos fantasmas del Estado

El Estado busca trasladar su responsabilidad de tener un stock de medicamentos básicos en las farmacias de sus hospitales y centros de salud a los privados. Pues, como ya ha demostrado Perú21 en marzo último, las farmacias estatales, por ejemplo, los Farmaminsa, carecen de las pastillas y remedios que el ciudadano necesita para controlar la presión arterial, la artritis y ni hablar de los fármacos para pacientes oncológicos que brillan por su ausencia tanto en el SIS como en Essalud.

Tanto usted, lector, como los periodistas de esta casa editora, acudimos a los hospitales de Essalud y otros del Estado para tratarnos o tratar a nuestros seres queridos. Y, en más de una oportunidad, la receta del médico especialista —después de una larga espera para conseguir la cita— que debe ser entregada en las farmacias del centro de salud, nunca es suministrada por completo, pues, es común que los químico- farmaceúticos aleguen que “no hay ese medicamento, llegará en los próximos días y vuelva en dos semanas”.

¿La presión arterial y el cáncer podrán esperar los 14 días —en el mejor de los casos— que requiere el Estado para tener la medicación?

La respuesta es obvia. Esta situación obliga a que el paciente se retire sin completar su receta, pero con la dolencia aún más latente, y la preocupación por no tener el fármaco que lo ayude a aliviar el dolor que lo aqueja y se incrementa.

Ante esta necesidad, los pacientes no esperan dos semanas para volver a la farmacia del hospital. El camino son las farmacias privadas en donde, por lo general, si no cuentan con el genérico sí lo tienen en marca de algún laboratorio.

Aún peor es el caso de los comercios informales de medicinas, locales de público conocimiento por los usuarios del SIS y Essalud, ya que se convierten en la última esperanza para encontrar la bendita cápsula recetada por el doctor del Minsa o del seguro social. Y ni hablemos de precios, pues, lo que no nos debería costar como usuarios, contribuyentes de un supuesto Estado con capacidad de gestión, nos termina sacando ‘un ojo de la cara’.

Esta es la responsabilidad de la que el Estado pretende desligarse al trasladar toda la carga del suministro de fármacos a los privados que, como ocurre en cualquier empresa formal, apelan a la ley de la oferta y demanda.