Sergio Bravo y Alberto Pasco Font son dos víctimas de un sistema que no funciona como debiera. Para poder condenar a Toledo, han tenido que involucrarlos como actores de un proceso en el cual su participación se limitaba a plantear observaciones y dar opinión sobre el proceso de adjudicación de la carretera IIRSA Sur. Las consecuencias son nueve años de cárcel que, aunque no son efectivos, pesan sobre dos funcionarios probos, sin culpa alguna.
Uno de los problemas que tiene la administración pública, y lo sufrimos todos los días, es que forman parte de ella quienes no debieran estar: corrupción, incompetencia y otras taras los adornan. El botín del Estado es apetecible y van en su búsqueda todos los que ven una oportunidad para aprovecharse.
El otro problema es que quienes debieran estar no están. Cada vez resulta más difícil la búsqueda de personas idóneas; profesionales capaces, preparados y honestos, para ocupar cargos públicos. A este grupo pertenecen Pasco Font y Bravo. Pero los hechos han determinado que, pese a sus cualidades, o más bien debido a ellas, estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, cumpliendo con el encargo recibido del Estado y tratando de sacar adelante una obra de infraestructura que el país requería.
El Poder Judicial cuenta con las pruebas de culpabilidad del expresidente Alejandro Toledo por haber recibido una cuantiosa coima por parte de Odebrecht, pero para condenarlo ha arrastrado con él a dos funcionarios que, a decir de los propios representantes de Odebrecht, actuaron poniendo al proyecto todas las exigencias que consideraban pertinentes. Ni a la Fiscalía ni a los jueces les ha importado; ellos necesitaban cuadrar su caso, sin importar si ello significaba arrastrar a dos inocentes.
Todos los días vemos en las noticias casos que involucran acciones cuestionables por parte de las autoridades, desde el robo de los sueldos de los trabajadores de los congresistas hasta las decisiones de los fiscales que se “destapan” cada poco tiempo y que revelan niveles de corrupción que ya dejaron de resultar sorprendentes y que, más bien, se han convertido en el pan de cada día.
Lamentablemente, el caso de Pasco Font y Bravo nos da una terrible lección: el riesgo de ser honesto y trabajar para el Estado es demasiado alto. Y con esto lo que estamos logrando es consolidar una situación en la cual solo ingresen a la función pública quienes no tengan nada que perder y sí, en cambio, mucho que ganar, y no de la manera más honesta.
