Mandato desnaturalizado

Fecha Actualización

30/05/2023 - 07:00

Un informe del programa Punto final ha puesto al descubierto las malas artes que se están volviendo casi rutinarias en el Congreso. Esta vez la luz negra recayó sobre el representante del bloque magisterial Edgar Tello, que ha pasado a engrosar la lista de ‘mochasueldos’ de la institución, que ya era abultada.

Una nueva muestra, a su vez, de que estas inconductas no tienen que ver con la bancada ni con la ideología. Si antes fueron las parlamentarias de APP, luego cayeron representantes del fujimorismo y ahora uno de la extrema izquierda, nada menos que un dirigente de la Fenatep-Movadef. Todos, denunciados por sus extrabajadores, por la manera en que se les esquilaba los sueldos o se les exigían “donaciones” a diestra y siniestra.

No se trata ya de lobbies en apoyo de negocios cuasi delictivos como los del transporte informal o el de las universidades bamba, condenables en sí mismos por el daño que le hacen al país, sino de abusos de poder que expresan una total falta de ética que debería llevarlos a la cárcel. Por favor: hablamos de parlamentarios elegidos por el pueblo … Y que, a contrapelo del compromiso con el país, por el cual juramentaron al asumir sus cargos, ponen por delante –una y otra vez– sus intereses particulares, cuando no un grotesco afán de lucro que los lleva incluso a burlar la ley.

Los despropósitos en que incurren estos padres y madres de la patria parecen multiplicarse en la misma proporción con que se hunde la credibilidad del Congreso. Por poner solo un ejemplo de esta versatilidad para infringir las normas, se agrega ahora el caso de la congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien en la práctica ha hecho abandono del cargo al irse a residir a EE.UU., desde donde despacha y hasta participa, muy oronda, de sesiones y votaciones parlamentarias desde hace cuatro meses.

Si ya era una falta de respeto “trabajar” desde Máncora, como hizo cierto congresista naranja, hacerlo desde la soleada Florida –o alrededores– constituye, además de una desvergüenza, sacarle la vuelta a una función pública que, según la Constitución, es a tiempo completo.

Por un lado, se abusa de los trabajadores y por el otro, se deja sin representación a sus electores. Una desnaturalización del mandato recibido que, sin duda alguna, le pasará factura a la democracia peruana.

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