El plazo de culminación del Reinfo está en cuenta regresiva. En diciembre el Congreso tomará la decisión: ampliarlo o no. Entre los gremios especializados y los expertos en la materia la posición es unánime: de ninguna manera. No se debe seguir dilatando el plazo, pues la norma se ha desvirtuado por completo.
En el Legislativo, como sucede cada vez que está por cerrarse este registro, los lobbies empiezan a correr –y presumiblemente, a aceitar manos, como se dice en la calle– para que se presenten propuestas legislativas que alarguen esta suerte de permiso libérrimo y ciego, prácticamente una carta blanca, que usan los mineros ilegales asociados a la extorsión y al sicariato para seguir operando con impunidad y contra la economía del país.
Por lo pronto una de estas iniciativas ya fue lanzada al ruedo sin ninguna vergüenza: la del congresista Paul Gutiérrez, que dispone ampliar el “proceso de formalización” hasta diciembre de 2026, o sea, por dos años más. Un periodo que de seguro acarreará dos años más de evasión fiscal, asesinatos, trata de personas, corrupción de autoridades, tráfico de estupefacientes, daños al medioambiente, cobro de cupos y ataques a la minería legal con armamento militar. Un cúmulo de modalidades delictivas invariablemente asociadas a la brutalmente corruptora minería ilegal.
Si el objetivo es formalizar estas prácticas extractivas supuestamente artesanales, debería evaluarse la aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal planteada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), denominada Ley MAPE, que elimina el Reinfo. Extender nuevamente el corte del Reinfo, so pretexto de facilitar el proceso de formalización en el rubro, servirá solo para que quienes ejercen la minería de manera delictiva usen la coartada de que son, simplemente, inocuos trabajadores artesanales ganándose el sustento.
Nada más lejos de la realidad. Nada más falso.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, calificó la propuesta del legislador Gutiérrez como “muy negativa” y destacó la importancia de la aprobación de la Ley MAPE.
Y razón no le falta tampoco cuando sugiere visibilizar a los parlamentarios que “están anteponiendo esta actividad criminal, ilegal, y que no están a favor de la formalización”.
Si hace unos años era el narcotráfico el principal foco del delito en el país, hoy en día lo es, sin ninguna duda, la minería ilegal. Y quien quiera que, desde los poderes del Estado, se dedique a ponerle cabe a las iniciativas para combatir tan destructiva actividad, debería ser investigado exhaustivamente.
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