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Ministerio de Infraestructura

Este ministerio concentraría mucho dinero y, por lo tanto, es necesario poner los candados apropiados para evitar que caigan en la tentación.

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Del larguísimo discurso a la nación dado por la presidenta Dina Boluarte en estas Fiestas Patrias, uno de los anuncios que llamó la atención fue el de la creación de un Ministerio de Infraestructura. Dejando de lado que este tema no había sido mencionado con anterioridad y que deja en una muy mala posición a la recientemente creada Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), ¿podría esto ser una buena idea?

De acuerdo con lo anunciado, este nuevo ministerio (que fusionará varias unidades ejecutoras dependientes de los distintos sectores) tendrá por objetivos “formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de infraestructura encaminada a mejorar la calidad de vida de la población y reducir las brechas de infraestructura social y acceso a los servicios”.

A su vez, tendrá funciones normativas y -quizá lo más importante- de articulación para lograr implementar proyectos de infraestructura integrales.

Esto último es quizá lo más interesante, pues, al menos, en temas urbanos se viven constantemente los conflictos entre sectores en relación con las competencias.

Así, se diseñan y se construyen pistas y veredas, pero no se hace junto a espacios públicos o áreas verdes, o se construye un metro y sus estaciones, pero no se promueven medidas de desarrollo orientado al transporte para potenciar el valor del suelo urbano y brindar prosperidad a la ciudadanía.  

Sin embargo, existen varios riesgos también, siendo el más importante el de la corrupción. Este ministerio concentraría mucho dinero y, por lo tanto, es necesario poner los candados apropiados para evitar que caigan en la tentación.

Lamentablemente, nuestro país tiene un oscuro pasado de corrupción en obras de infraestructura e incluso a la fecha siguen ocurriendo malas prácticas y delitos.

Por otro lado, el diseño del ministerio debe garantizar no solo el cumplimiento de sus objetivos, sino que debería traer consigo una modernización de los instrumentos y herramientas de inversión en obras públicas.

Precisamente para poder integrar procesos y gestionar las obras desde una mirada sistémica, pues solo así es que se podrá lograr impactar en las necesidades de la población.

 

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