Nada con los hermanitos, nada

Mucho se está argumentando sobre las llamadas que registran algunas autoridades y aspirantes a funcionarios con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza. Una autoridad judicial ha referido que el hecho de que nadie sepa a ciencia cierta lo que se trataba en esas conversaciones las volvería irrelevantes –en la medida en que no existen pruebas de que se estuviera cometiendo falta o delito alguno– pues bien podrían explicarse dentro de las coordinaciones propias de la profesión de los interlocutores, es decir, el ejercicio de la abogacía.

Sin embargo, los peruanos hemos escuchado hablar por teléfono a Hinostroza, y sabemos que en sus conversaciones el exjuez, si no vendía, compraba, o, por lo menos, conseguía una buena tajada; de tal manera que el consabido beneficio de la duda en este caso resulta inaplicable. O en todo caso, si viviéramos en una realidad perfecta, tal beneficio quizá debería interpretarse al revés: quien tenga una cantidad determinada, abultada o no tanto, de registros telefónicos, no solo con el susodicho, sino con cualquier ‘cuello blanco’, debería alejarse definitivamente de la función pública.

No se conoce el contenido de los diálogos que los cuestionados aspirantes a la JNJ sostuvieron con Hinostroza, pero sí se conoce la calaña de su interlocutor. Nadie que pretenda ocupar un cargo público medular como los que se juegan esta semana, nada menos que en el organismo que tendrá a su cargo el nombramiento y destitución de magistrados en todas las cortes y jurisdicciones del territorio nacional, puede haber tenido el menor vínculo con esa banda.

La comisión a cargo de designar a los integrantes de la JNJ debía encontrar siete magistrados de solvencia moral y ética suficiente para el cargo. Tal condición requiere integridad, por lo que no incluye abogados que tengan que apelar a la presunción de su inocencia. ¿Era tan difícil encontrar en el Perú personas de leyes con una trayectoria limpia, libre de la más mínima sombra o sospecha sobre sus actos? La ciudadanía está en su derecho de exigir que la hoja de vida de los magistrados que integren la Junta Nacional de Justicia sea impoluta y coherente. Porque es de eso de lo que estamos hablando: magistrados probos que comiencen a sacar al sistema judicial del país de las alcantarillas de la corrupción más empantanadas desde tiempos de la dictadura fujimorista, cuando Vladimiro Montesinos manejaba a su gusto (y gasto) los tribunales peruanos, y que la mayoría del disuelto Congreso –alianzas, encubrimientos, blindajes y pitufeos mediante– intentó retomar para proteger sus intereses.

No, señores, con compadres, amigos o “conocidos” de los ‘hermanitos’… ni a la esquina.