Como hemos venido denunciando desde esta humilde columna, reiteramos que las mafias de la política han desatado la guerra contra el sistema de justicia. Su desesperación porque se saben culpables las llevan a violentar el Estado de derecho y la independencia de poderes que cualquier democracia debería tener como una línea infranqueable; pero estamos en el Perú y estas mafias de la política están utilizando todas sus energías para desacreditar y descalificar las prolijas investigaciones fiscales que permiten a los jueces emitir resoluciones de allanamiento e intervención a sus esbirros y operadores.
No es casualidad que después el hermanísimo de Dina Boluarte y los ministros salgan en tropel a acusar a la Fiscalía y al Poder Judicial de un supuesto ataque sistemático a la presidenta, pretendiendo distorsionar la realidad y armar su propia narrativa de los hechos. Quieren sorprender la inteligencia de los peruanos, defendiendo a un impresentable como Santiváñez, el ministro preferido del régimen que para la Fiscalía es el presunto líder de la organización criminal que se habría armado desde el Ministerio del Interior para atender asuntos particulares en una pugna de empresas mineras, instrumentalizando a la policía para sus fines nada santos, y a cambio de ello cobrando honorarios millonarios que no serían más que coimas disfrazadas.
En ese tinglado aparece, una vez más, el hermanísimo de la presidenta, para que le hagan el “favorcito” de inventar documentos para que demuestre arraigo laboral y así evitar la cárcel. Al final, todo queda entre amigos, aunque aquí calza decir entre mafiosos. Pero no van a rehuir a la justicia, porque la abundancia de pruebas incriminatorias, colaboradores eficaces y una prolija investigación fiscal llevó a un juez a emitir una resolución de allanamiento en simultáneo para caerle a toda esta mafia denominada Ícaro.
La confianza que tiene Dina Boluarte es porque cree que siempre tendrá el poder y a sus ocasionales “socios” en el Congreso, en la JNJ y el TC. Boluarte se equivoca, porque ahora le estará sirviendo a estos mafiosos para pretender tumbarse el caso “cocteles” con una resolución del TC, o tal vez logren sancionar al juez Carhuancho también utilizando al TC o la JNJ, o también sigan apuntalando el ataque contra los valientes fiscales del caso Lava Jato. Al final todas estas acciones ilegales van a tener consecuencias directas y servirán de agravante para una condena efectiva, para Dina, el hermanísimo y por supuesto para toda esta mafia de la política que hoy camina impune.
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