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La Unidad de Investigación de Perú21 ha puesto en evidencia la decisión de Palacio de Gobierno de mantener vigente una directiva emitida en el corrupto y golpista gobierno de Pedro Castillo para impedir la fiscalización pública y periodística sobre las personas que entran y salen de la residencia presidencial de Palacio de Gobierno. Ese hecho no puede pasar por agua tibia.
¿Qué es lo que se pretende ocultar a la ciudadanía? Porque de eso se trata: de que no quede ningún registro ni haya control en torno a las visitas que recibe la mandataria. Sean empresarios, diplomáticos, extranjeros, políticos, funcionarios del Estado, congresistas, familiares o ‘personas naturales’, por decirlo así.
Esa normativa debió ser cambiada ni bien asumió el mando la entonces vicepresidenta, pues la intención de Castillo y sus allegados al aprobarla era clarísima, mantener un velo oscuro sobre las maniobras antidemocráticas y corruptas que se maquinaban en la casa de Pizarro, lejos del escrutinio público. Y que más tarde quedarían expuestas gracias al periodismo de investigación –el destape de las reuniones subrepticias en la casa de Sarratea– y luego de la intentona golpista que terminó con el hombre del sombrero recluido en el penal del Fundo Barbadillo.
La falta de transparencia debería haber quedado atrás, como otras prácticas oscurantistas del exmandatario. No se entiende por qué la actual jefa de Estado ha decidido mantener esta deplorable estrategia de ocultación y opacidad en el poder. Desde hace tres meses Perú21 ha insistido en solicitar esta información, el registro de ingresos, en la casa de Gobierno, pero del Despacho Presidencial solo ha recibido evasivas y hasta negativas directas amparadas en esa nefasta disposición.
Esta voluntad manifiesta de rechazar la transparencia a que se debe todo funcionario público, por más alto que sea su cargo, debería encender las alarmas de los órganos de control y de fiscalización.
Y no necesariamente porque creamos que la gestión de Dina Boluarte esté transitando por la misma vía oscura de su antecesor, sino porque ningún gobierno que se precie de democrático puede soslayar un principio tan elemental como es el de la transparencia.
No basta con llenarse la boca con discursos repitiendo que se está luchando contra la corrupción: también hay que demostrarlo dando el ejemplo.