Tanta es la necedad del Gobierno frente a la ola de violencia desatada por la delincuencia y el crimen organizado, que ahora pretenden ocultar datos estadísticos contundentes que desnudan la incapacidad y negligencia de la gestión de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana.
Es evidente que la responsabilidad directa recae en el responsable del Ministerio del Interior, que es quien dirige las políticas públicas de seguridad ciudadana, orden público y, sobre todo, prevención de delitos, que debería pasar por la labor eficiente de inteligencia policial y asignar los recursos necesarios para hacer frente al crimen organizado. Pero pedirle estos mínimos de gestión gubernamental a un incompetente como Santiváñez es pedir peras al olmo.
El sujeto está absorto en proteger al entorno de la mandataria de las múltiples denuncias que tienen, que incluye a la propia presidenta Boluarte. Al ministro no le ha importado nada, pues pese a esta crisis de inseguridad y delincuencia desatada, se ha atrevido a desactivar las unidades policiales especializadas en la lucha contra el crimen organizado, como ha sido la Diviac, lo que además incluye la persecución implacable de valiosos oficiales como el coronel Colchado, que lideraba este equipo de policías especializados en atrapar delincuentes de alto vuelo.
Refresquemos la memoria o hagámosle notar al régimen de Boluarte estos datos fríos: en lo que va de este año 2024, cada cuatro horas y media en promedio hay un homicidio, según los datos del SINADEF, que al 31 de octubre registra 1,620 personas asesinadas. Y para graficar el crecimiento vertiginoso de la violencia, la cantidad de muertes de un día a otro se incrementó. Así, del 29 al 31 de octubre hubo otras 19 personas asesinadas.
A la presidenta no se le ocurrió mejor idea que responsabilizar al sistema de justicia de estas muertes, dizque porque deja libres a los delincuentes. Tremenda falacia expresada por Boluarte, sabiendo que los fiscales, por ejemplo, se ven obligados a liberar a los delincuentes que la Policía captura con tanta dificultad, porque su Congreso —que ella avala— aprueba leyes infames para favorecer a la delincuencia y generar un manto de impunidad: a los hampones ya no se les puede acusar de organización criminal, entonces, en la prognosis de la pena, solo se ve como ilícitos menores, delitos como la extorsión, que antes inmediatamente se asociaba al crimen organizado.
