Se cumplen 44 años de la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo N.° 052, de 1981, con la cual esta entidad que había adquirido su personería con la Constitución de 1979, afirmaba por fin su autonomía y definía claramente su estructura y marco de competencias. Desde entonces, la criminalidad, que se muestra resiliente para no someterse al imperio de la ley, ha ido mutando, perfeccionándose, a la par de los cambios sociales del país, con un Estado incapaz de hacerle frente por múltiples factores, entre estos, porque su principal herramienta de trabajo, su marco normativo, ha envejecido por el transcurrir del tiempo y la dinámica del crimen organizado, lo que no hace posible una debida representación y defensa de los derechos ciudadanos.
Así las cosas, sí es necesaria una nueva ley orgánica que se adapte a los tiempos actuales del país. Ya ha habido más de un intento en ese sentido, el más reciente, una comisión designada en marzo de 2024 por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena. La presidencia recayó en la fiscal suprema que luego le sucediera en el cargo, la Dra. Delia Espinoza, a la que se le concedió tres meses para elaborar el proyecto, desconociéndose si llegaron a cumplir el encargo; en todo caso, sus avances constituyen un insumo invaluable a futuro, estando claros que todo grupo de trabajo o comisión deberá conformarse sobre la base de los propios fiscales que son los que persiguen el delito y están de conocimiento en el día a día de las nuevas formas de criminalidad existentes, así como también otros operadores del derecho, principalmente los que integran el Sistema Nacional de Justicia del Perú, catedráticos y expertos en derecho, entre otros.
El Congreso no se quedaría de lado en la elaboración de la nueva ley, ya que toda iniciativa legislativa debe pasar obligatoriamente por este poder del Estado para ver la luz del día, pero habrá que esperarse al próximo periodo legislativo 2026-2031, ya que el actual no es el idóneo, básicamente por un tema ético, ya que sería escandaloso y contraproducente que quienes tienen carpetas de investigación abiertas en sede del Ministerio Público, como se sabe en número considerable de congresistas, sean los que fijen el alcance de las competencias de la Fiscalía, introduzcan nuevas causales de suspensión, cese y destitución del cargo, como por ejemplo, la de osar investigar a un jefe de Estado o un parlamentario en funciones, o hasta el politizar el nombramiento de su titular por votación del Congreso y no por la Junta de Fiscales Supremos, que garantiza su autonomía, todo lo cual, en opinión de esta columnista, sería como poner al gato de despensero y una suerte de camisa de fuerza para quienes persiguen el delito.
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