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Fin del cuento
“La Corte Suprema desestimó la apelación sobre tutela de derechos presentada por la defensa del mandatario”.
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Sucedió el mismo día en que la misión de la OEA culminaba sus primeras entrevistas con los representantes de los poderes públicos y la fiscal de la Nación. El Poder Judicial dictó un fallo en última y definitiva instancia en el que valida todas las investigaciones que le ha abierto la titular del Ministerio Publico al presidente Pedro Castillo por casos de corrupción.
La Corte Suprema desestimó la apelación sobre tutela de derechos presentada por la defensa del mandatario.
Esto es muy importante porque, tanto a nivel jurisdiccional como parlamentario, ha quedado totalmente claro que no existe en el país esa presunta “nueva modalidad de golpe de Estado” que alegó el gobierno en una patética carta dirigida a la OEA para invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. A todas luces, un artificio diplomático con el objetivo de desviar o dilatar las pesquisas y procesos judiciales en contra del jefe de Estado y otros miembros de su gobierno.
Lo único que hay sobre la mesa son investigaciones legítimamente abiertas por graves casos de corrupción del propio presidente y de miembros del Ejecutivo –sean estos oficiales o ‘en la sombra’– que acumulan ya abundantes indicios y declaraciones de no pocos excómplices o contratistas del Estado que ahora colaboran con la justicia.
Luego de la reunión con la Mesa Directiva del Parlamento, su presidente, José Williams, detalló que se le están enviando a la OEA 16 tomos de documentos con todas las acusaciones que existen contra Castillo y miembros de su entorno. A su turno, la Sala Penal Permanente del PJ que desestimó la argucia legal presentada para librar a Castillo de los procesos ha destacado que todo “delito debe ser perseguido” y, aunque en determinados casos existen límites, “en modo alguno pueden ocasionar impunidad por impedimentos legales concebidos irrazonablemente”.
Se acabaron entonces las coartadas. Las investigaciones sobre una posible red criminal anidada en el Ejecutivo seguirán su curso y el presidente deberá hacerse responsable de sus actos. Basta de cuentos: aquí el único golpe en marcha es el que este gobierno le está dando a la economía de los peruanos.
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