La toma de decisiones

En un país como el Perú, donde los ciudadanos pareciéramos ser de memoria frágil y las autoridades electas bastante irresponsables con los fondos públicos, uno se pregunta: ¿quién se hace responsable de las decisiones que se toman durante el ejercicio de la función?

En febrero de 2005, durante el gobierno de Toledo, su ministro de Economía Kuczynski exoneró del proceso del SNIP a la IIRSA Sur. A través del Decreto de Urgencia N° 016-2005, PPK elevó el techo de la deuda pública en 1% del PBI, lo que permitió el endeudamiento para lograr financiar el proyecto, y como presidente de Proinversión, PPK desestimó todas las objeciones de la Contraloría. La Interoceánica Sur costó US$4,500 millones, su tráfico es menor al 5% de la carretera Central y por ella exportamos solo US$3 millones anuales a Brasil. Y Toledo se llevó US$20 millones.

En 2014, Odebrecht ganó, como postor único, el Gasoducto del Sur, un proyecto de US$7,300 millones. El otro postor fue descalificado de manera irregular el mismo día de la licitación. Además, el gobierno le garantizó ingresos a Odebrecht por US$912 millones anuales, pagados a través de los recibos de luz, hubiese o no gas.

En junio de 2014, el Perú firmó el contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero con el consorcio ganador de la licitación, Kuntur Wasi (KW). De acuerdo con este, KW era responsable del financiamiento del 71.4% del presupuesto, mientras que el Estado peruano se comprometía a financiar el 29.6%. KW no logró el cierre financiero por problemas en el mercado financiero internacional. Pero el gobierno de PPK firmó una adenda con la que el concesionario solo sería responsable por el financiamiento del 19.3% del presupuesto y el Estado pasaba a ser responsable del 80.7%. Así, se modificaron los términos de la concesión para beneficio exclusivo del concesionario.

La Refinería de Talara, aprobada durante el gobierno de Humala e impulsada por PPK, tiene un costo total de US$5,000 millones, con una capacidad para refinar 95 mil bdp, aunque el Perú produce solo 60 mil bdp. Tiene ya un sobrecosto mayor a US$3,000 millones.

Hoy, el Perú enfrenta dos arbitrajes internacionales: por el Gasoducto del Sur (US$511 millones) y por Chinchero. Ambos proyectos con bases mal diseñadas y procesos cuestionados le costarán al contribuyente. Y pese a ello, ninguno de los presidentes y sus ministros se sienten responsables ni están dispuestos a rendir cuentas. Ni hay ciudadano alguno que los obligue a hacerlo.