[OPINIÓN] Adrián Simons: “Azángaro llegó al arbitraje”

En la década de los ochenta y comienzos de los noventa, el jirón Azángaro, ubicado en el Centro de Lima, era muy conocido porque ahí se podía legalizar “notarialmente” la firma de un muerto, incluso prescindiendo de la respectiva sesión espiritista. Era el paraíso de las falsificaciones, de lo “fake”: la oferta era muy variada desde títulos universitarios hasta documentos de identidad.

Quien lea esta columna se preguntará qué tiene que ver el arbitraje con lo falso. Muy simple. Existe una clientela que busca “justicia privada a la carta” y acude a unos centros de conciliación y arbitraje que han sido creados con la única finalidad de servir al cliente para propósitos ilícitos. El menú de servicios es muy variado, según lo que desee la parte inescrupulosa. Te asignan el árbitro que más te agrade para que te conceda lo que deseas, solo tienes que pasar por caja. Te pueden otorgar todo tipo de medidas cautelares (hasta tienen “árbitros de emergencia” para esto), y recién uno se entera cuando tu propiedad ha sido embargada o tienes una orden de que no puedes hacer nada con lo que te pertenece.

Adiós al derecho a un árbitro independiente e imparcial. Al igual que los delincuentes que usaron chalecos de la Policía para asaltar un banco, en el caso del arbitraje, aparecen unos abogados que se ponen el traje de árbitros y pueden ordenar a un banco que embargue tus cuentas. No hace mucho el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir para evitar justamente lo que acabo de describir (Sentencia del Pleno No. 855-2021).

Estos centros de arbitraje se presentan con los nombres más suntuosos posibles, como, por el ejemplo, “Tribunal de Arbitraje del Colegio Nacional de Conciliadores Extrajudiciales del Perú”. Usan sellos, como en Azángaro, para fabricar documentos y notificar a los registros públicos, a los bancos, etc.

Al igual que la minería ilegal, estas actividades ilícitas se realizan con absoluta impunidad. Muchos de los que participan en ellas son abogados. Los colegios de abogados están ausentes, con relación a su deber de velar por el correcto ejercicio de la profesión. Y el Ministerio de Justicia no ejerce el mínimo esfuerzo para fiscalizar a los “piratas del arbitraje”. Es como la Sutran fiscalizando a los colectiveros en la avenida Javier Prado: no pasa nada y pasa de todo.

Uno de los pocos activos que tiene el Perú, en cuanto a la seguridad jurídica, es el arbitraje, como un método eficiente para resolver conflictos, el cual está en serio riesgo si no hacemos algo. La comunidad arbitral no puede seguir en silencio. No es posible pretender caminar de incógnito en el infierno.