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[Opinión] Alberto de Belaunde: ¿Asamblea Constituyente para el Perú?
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En los últimos meses, mientras en el Perú hemos estado preocupados por nuestro acontecer político y electoral, han llegado noticias importantes desde Chile. Esta semana, se instalaron los miembros de la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Carta Magna de ese país. Y se eligió en su conducción a Elisa Loncón, una lideresa mapuche con amplia formación académica y que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales.
Es inevitable que todo esto resuene en nuestro país, pues el pedido de una nueva Constitución se ha vuelto lugar común en el debate político actual, especialmente por parte de la izquierda. Fue, incluso, una de las propuestas de Pedro Castillo, el virtual presidente electo del Perú.
Sería necio asegurar que la Constitución actual es perfecta e intocable. Hay muchas reformas pendientes, especialmente en lo relacionado al funcionamiento del sistema político. Parte de mi trabajo legislativo estos cinco años ha estado enfocado en lograr estos cambios, varios de los cuales quedaron pendientes.
Sin embargo, la propuesta peruana de una Asamblea Constituyente abre muchas más interrogantes que certezas. Busca copiar el caso chileno, pero pasa por alto las particularidades y decisiones que validan ese proceso.
En Chile, los reclamos por una nueva Constitución partieron no tanto de líderes de partidos, sino de una sociedad civil movilizada en las protestas que empezaron en 2019. Esto se ve finalmente reflejado en los resultados de la elección de los constituyentes, en la que los candidatos independientes lograron una importante porción de los escaños, en contraste con los partidos tradicionales.
En el Perú, no existe ese nivel de apoyo social a favor de una Asamblea Constituyente. Según la última encuesta de Datum, el 63% de la población desea ver cambios específicos en la Constitución, mientras que solo el 20% apoya un cambio completo. Por otro lado, ninguno de los políticos que plantean este proceso da detalles de qué tipo de conformación tendría la Asamblea. ¿Vamos a ver a los mismos partidos políticos deslegitimados? Si cada Congreso parece ser peor que el anterior, ¿qué nos hace pensar que esta sería diferente? ¿Cómo se plantearía para que el remedio no sea peor que la enfermedad? No hay respuesta.
Y lo más importante de resaltar del caso chileno es que este siguió el camino de la legalidad para llegar a este punto. Al igual que actualmente en el Perú, en la Carta Magna vigente en Chile no existía la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Se tomó la decisión política de plantear y debatir su inclusión en el Congreso. Recién aprobado ahí, es que se convocó al referéndum y a la elección. En el caso peruano, hasta el momento no parece haber el mismo nivel de compromiso con esta vía institucional. El Perú acaba de elegir a sus representantes en el nuevo Congreso, en una campaña en la que este tema fue uno de los temas más debatidos. Para que cualquier reforma constitucional sea legítima, debe inevitablemente ser consensuada ahí.
Cuando se plantea un debate constituyente, el proceso es tan importante como el resultado mismo. Los cambios constitucionales válidos son los hechos siguiendo principios de legalidad, de legitimidad y respetando la voluntad popular. Un proceso forzado o mal ejecutado podría empeorar las cosas y hasta desatar un nivel de conflictividad muchísimo mayor al actual.
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