[OPINIÓN] Ana Jara: “El Perú toca fondo”

¿Qué estamos pagando en el Perú que el tema de la institucionalidad y separación de poderes es letra muerta? Nos enorgullecemos de ser una Nación resiliente, de superar calamidades, golpes de Estado y degradación como sociedad de megacasos de corrupción. No obstante, lo que estamos viviendo actualmente, en opinión de esta columnista, es inédito, es lo más parecido a un Estado anárquico y no un Estado de derecho, donde cada poder u organismo supuestamente con autonomía constitucional, según el caso, es fustigado con lluvias de acusaciones constitucionales, denuncias penales, inhabilitaciones para ejercer función pública sin gradualidad en la sanción (de frente aplican diez años).

También están los que hacen ejercicio abusivo del poder en favor propio, al promover iniciativas legislativas que directa o indirectamente les favorecen o al sector ocupacional o profesional al que pertenecen. Otros, más frescos aún, impulsan normas que claramente atentan contra la meritocracia, la calidad educativa (reingreso de tres mil docentes desaprobados a la Carrera Magisterial) y de la Salud (ingreso al SERUM de médicos jalados en el examen nacional) y ni qué decir de la ayudadita a la minería ilegal, a los informales del transporte público y, en el colmo de la mediocridad, también se buscaría bajar la calidad de la Carrera Diplomática ¡Dios nos coja confesados!

Se han olvidado nuestras autoridades que el poder no es eterno, que este tiene fecha de caducidad, a no ser que conjuntamente con el Ejecutivo pretendan una reforma constitucional (ya nada sorprendería), que les permita alargar sus mandatos, pretextando cualquier motivo, como aquello que los titulares de los organismos electorales supuestamente no dan la garantía de elecciones generales transparentes; o que debido a la crisis institucional de otros poderes u organismos constitucionales, habría que esperar a que se reconstituya en su totalidad a sus integrantes, alegando desgaste y desconfianza en su performance, llámese Junta Nacional de Justicia (trasciende que ya se ensaya borrarlos del mapa con una iniciativa de ley que crea otra entidad que la sustituya con iguales funciones); o quién quita que arguyan que es menester esperar en aras de la salud de la Justicia, esperar a que el Ministerio Público complete el número de sus fiscales supremos o, mejor aún, cesarlos a todos, ¿quizás porque los que están en funciones vienen fiscalizando precisamente a sus fustigadores?; o, por último, que es mejor alargar excepcionalmente el mandato del Ejecutivo y Legislativo, ante un supuesto peligro inminente de que gane las elecciones un líder ultrarradical con visos de terrorista o un Pol Pot de la Camboya de los ‘70; la vieja táctica de apelar al miedo de la ciudadanía creando falsos cucos.