[Opinión] Ana Jara: ¡Qué ganas de complicarnos la vida!

Cada gobierno que llega al poder promete impulsar la simplificación administrativa, que no es otra cosa que la eliminación de trámites burocráticos que son cargados sobre los pobres hombros de las personas naturales y jurídicas, pero que al final se dejan ganar por la apatía de la administración pública, por su proceder flemático y hasta corrupto.

Se han hecho esfuerzos desde los albores de la simplificación administrativa, allá por 1989, con la Ley 25035, salvo el nefasto gobierno de Pedro Castillo donde la gestión pública involucionó. Pero a 32 años de este proceso aún estamos lejos de un Estado más eficiente y diligente al servicio de la ciudadanía, empezando porque los propios servidores ignoran la eliminación de requisitos en la realización de un trámite, llegando inclusive a la prepotencia de exigir su cumplimiento pese a estar derogado o suspendido y el usuario, por su parte, con tal de viabilizar sus procedimientos administrativos, accede al capricho del servidor, si es que no cae en la tentación de ofrecerle algún “incentivo”.

También tenemos que el administrado en gran medida ignora la existencia del Libro de Reclamaciones en las entidades públicas, cree que su obligatoriedad solo alcanza al sector privado; de ahí que urge una campaña de concientización del Estado para empoderar al ciudadano y sepa que tiene derecho también a asentar su reclamo o denuncia en un libro ad hoc, a la espera de una satisfacción y solución.

Ejemplos de prepotencia o ignorancia supina del funcionario público hay tantos; uno de ellos es el de la exigencia de la renovación del permiso de lunas polarizadas, pese a su vigencia indefinida desde el año 2019.

Asimismo, requerir constancias domiciliarias, requisito inoficioso que actualmente es suplido con una simple declaración jurada.

Y ni qué decir de los hologramas como constancia de votación en los DNI. ¿A quién conviene su vigencia si hasta la propia ONPE ha pedido su derogatoria por ser oneroso para el Estado?, ¿algún proveedor acaso? Conocer el ser omiso al sufragio es de acceso público y gratuito en la web del JNE.

También es propicio preguntar al Reniec ¿a qué iluminado se le ocurrió reducir a la mínima expresión la huella digital del ciudadano en los nuevos DNI electrónicos? Esto hace inviable el cotejo simple de la identidad del titular; si bien ya existe el control biométrico, para acceder a este servicio se requiere previa celebración de un convenio y contar con Internet.

¿Y por qué los nuevos DNI de los menores de edad no consignan, como antes, los nombres y apellidos completos de sus padres y sus números de DNI, pudiendo propiciar suplantaciones al momento de ejercer su representación? ¡CÓMO NOS COMPLICAN LA VIDA!