[Opinión] Camila Bozzo: En manos de las autoridades electorales

Estamos entrando a una etapa compleja del proceso electoral. La ONPE ya terminó de contabilizar la totalidad de las actas en el marco de un proceso transparente, seguro y, sobre todo, célere, a pesar de las características territoriales y la crispación del ambiente. Ahora está pendiente que se resuelvan las impugnaciones y anulaciones que Fuerza Popular y Perú Libre han presentado (ayer se reveló que esta agrupación ha pedido la nulidad de 128 actas en Loreto). Este proceso pone a prueba la solidez de nuestra democracia y la objetividad y profesionalismo de las autoridades electorales, quienes tendrán que asegurarle a la ciudadanía que el resultado final de las elecciones respete la voluntad popular y también las reglas del juego y el Estado de Derecho. Por eso es tan importante que se aplique correctamente la normatividad para determinar si los pedidos de ambas agrupaciones coinciden con las causales de nulidad establecidas en la ley electoral, y que se exijan pruebas fehacientes.

Para que quien finalmente sea proclamado presidente tenga la suficiente legitimidad para gobernar es necesario que este proceso esté revestido de objetividad y transparencia, y que no sea cuestionado. De lo contrario, no solo la gobernabilidad nos será esquiva, sino también la unidad que, a estas alturas, parece tan lejana. Allí el desafío de la ONPE y, en particular, del JNE.

Impugnar o anular votos o actas no es ilegal y ambas organizaciones políticas están en su legítimo derecho de recurrir a estas acciones. Sin embargo, sí sería antidemocrático que se recurra a estas acciones para distorsionar la voluntad del pueblo.

Una vez que las nulidades se resuelvan en el fuero administrativo, el ganador debe ser proclamado presidente. No hay otra opción posible.