Aunque es cierto que las empresas tienen plazos de cierre establecidos legalmente (una obligación para cualquier operador minero), la práctica en muchos casos, y especialmente en los grandes proyectos, es que estos se modifiquen periódicamente, entre otros, en función de los nuevos descubrimientos de mineral. Como al inicio no se puede saber a ciencia cierta la vida útil de la mina se vuelve necesario tener la posibilidad de flexibilizar la operación. La autoridad competente puede no ampliar el cierre pero debe fundamentar su decisión en base a criterios técnicos y no políticos. Sin predictibilidad no habría inversión en el sector.