[OPINIÓN] César Luna Victoria: El valor del tiempo

Hay imágenes para todo. ¿Cuál elige? ¿La de los protestantes marchando por sus derechos o tirando piedras a la Policía? ¿La de la Policía protegiendo propiedades, o agredida a pedradas, o disparando? ¿Cuál duele más: la del protestante muerto de bala o la del policía quemado vivo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los mineros informales y los narcotraficantes que financian el caos para prosperar en sus negocios criminales? ¿La extrema izquierda terrorista que promueve violencia para tomar el poder? ¿La ultraderecha fascista que prefiere reprimir como sea? Mientras tanto, acumulamos muertos. Se pide que renuncie la presidenta y se adelanten elecciones. Ya están adelantadas. ¿Cuánto más se puede adelantar el adelanto? Se lo digo: cuatro meses. ¿Tanta barbarie por tan poco? No se entiende. Entonces, ¿qué está pasando? Miremos estos años. Grandes proyectos mineros se cancelaron por conflictos sociales: Tambogrande (2002), Tía María (2011) y Conga (2012) y trastabilla Las Bambas (2021). Junto con la economía formal, ha prosperado una economía informal que da trabajo al 80% de los peruanos y otra economía criminal que genera entre el 3% y el 7.6% del PBI o, dicho de otro modo, mientras los segmentos A entrábamos al siglo XXI y a la economía global, el resto se quedaba atrapado en el pasado. Los últimos presidentes han ganado por un puñado de votos (Ollanta 2011, Kuczynski 2016 y Castillo 2021). La izquierda ha gobernado con Ollanta y Castillo y con decenas de gobernadores regionales. Pese a la prosperidad económica, el Estado no ha funcionado y la inflación actual está incrementando la pobreza que dejó la pandemia. Todos los años hay decenas de muertos en conflictos sociales, pero los muertos de estos días superan a los de los últimos cinco años. Como ve, hace rato que las alarmas están prendidas, pero no las hemos querido escuchar.

Este es el resumen: dolor, frustración y rabia. Este es el resultado: un conflicto que supera el típico reclamo social y exige demandas claramente políticas. Hace un año, a pesar del triunfo de Castillo, la mayoría no quería una nueva Constitución. Hoy la pide el 69% (IEP). Los cambios que piden no son poca cosa: el regreso a las empresas públicas (51%) y rigidez para los despidos laborales (74%), mientras se retrocede en derechos civiles: pena de muerte (72%), no a la despenalización del aborto (58%), no a los matrimonios homosexuales (73%). Agregue una profunda decepción: dejando de lado a Haití, somos el país que menos apoya a la democracia y que siente que no recibe de ella ningún bienestar (Barómetro de las Américas 2021). Estamos, entonces, en medio de un conflicto. No es posible resolverlo a las patadas porque una parte no puede imponerse sobre la otra. Solo queda negociar, o aprender a negociar. Para eso se requieren dos cosas. Una es reconocer que la otra parte tiene intereses que, sobre la mesa, valen lo mismo que los nuestros. Otra es reconocer a sus representantes. Y ahí está el detalle. Mientras el escenario sea violento, los representantes serán los extremistas. Con ellos será muy difícil entendernos, no habrá puntos medios para conciliar y el texto constitucional que salga a referéndum será impuesto por una mayoría insignificante. Hay que calmar las aguas para que las posiciones moderadas vayan surgiendo, para recuperar el debate de intereses y razones. El arte de negociar es ceder en temas que cuestan poco pero que valen mucho, como el adelanto por cuatro meses. A pesar de la violencia y de la rabia, bajemos el tono y tendamos puentes. En el entretanto, vayamos imaginando un nuevo Estado, porque ese debate se nos viene.