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Los resultados de las elecciones han confirmado que no interesaban a nadie. Por eso hubo gran ausentismo, a pesar de que el voto es obligatorio. Fue mayor en los distritos ricos, donde la multa por no votar parece que no afecta tanto; y en la Amazonía, donde trasladarse para votar cuesta más. Pero es una tendencia creciente en todos los distritos del país hace varias elecciones. Va de la mano con la poca legitimidad. En 10 de las 25 regiones se va a segunda vuelta para elegir a gobernador, porque nadie obtuvo más del 30%. En Lima Metropolitana también deberíamos haber ido, pero nos salvamos porque la segunda vuelta no aplica para las elecciones municipales. Solo en cuatro regiones el ganador obtuvo más del 40% de los votos. El gobernador electo en Ayacucho lo fue con el 46.8% de los votos válidos, que son el 37.8% de los votos emitidos, que deberían ser el 30.2% del total de electores. Y, siendo el mejor votado, apenas obtuvo un tercio de las preferencias. Los demás gobernadores han sido elegidos con cuotas más bajas.
¿Por qué la indiferencia? Me dirá que es porque ya nadie cree en los políticos. Puede ser, pero nos quedamos pegados a esa frase que, de tanto repetirla, explica poco. Creo que hay que buscar la razón en el diseño de cómo funcionan las cosas. Veamos, como ejemplo, los problemas más urgentes en Lima Metropolitana. Uno: la seguridad, depende de la Policía, que depende del Ministerio del Interior. Dos: el transporte, depende de la Autoridad de Transporte Urbano, que depende del Ministerio de Transportes. Tres: el agua, depende de Sedapal, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Vivienda. Cuatro: la vivienda, cuya titulación depende de Cofopri, cuyos programas de financiamiento dependen del Ministerio de Vivienda, cuya zonificación depende de la provincia y cuyas licencias las otorga el distrito. Cinco: la basura, cuya recolección la contratan los distritos, pero el botadero en rellenos sanitarios depende de la provincia. Para los vecinos, el alcalde es el responsable de resolver estos problemas, pero las competencias están en los ministerios o en una sobreposición de facultades entre la provincia y el distrito. Considere, además, que la región metropolitana tiene 43 distritos en Lima y 6 en el Callao. Intente usted conciliar criterios entre tanta variedad. Como ve, es un sistema tan enmarañado, como si hubiese sido diseñado a propósito para que no funcione.
Los problemas que sufrimos tampoco son poca cosa. En transporte, Lima es una ciudad sitiada porque sus entradas y sus salidas (la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central) están sobresaturadas y colapsan al primer incidente. El agua ya es escasa y la solución pasa por desalinizar el agua de mar (proyecto piloto en San Bartolo) o por ampliar el trasvase de agua del río Mantaro (Proyecto Marca IV). La vivienda popular, autoconstruida y extremadamente vulnerable frente a huaycos y terremotos, y los servicios públicos asociados (agua, saneamiento, electricidad y parques) se pueden financiar con la contribución por cambios de usos de los suelos (ley de 2021), pero no se aplica por falta de reglamento. Se trata de problemas que parecen técnicos en apariencia, pero son políticos porque determinan qué autoridad debe resolverlos y a quién entregar el dinero para ejecutar los proyectos. Las elecciones debieran servir para eso. La gente no es loca, sufre los problemas y claro que quiere resolverlos. Pero nada se discute, ni se propone y, al final, nada se elige. Por eso a nadie interesa. No solo porque los políticos tienen mala fama, es que el sistema debe cambiar.
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